Conozca la imagen sobre Venezuela que se llevan delegados de la ONU
Heberlizeth González-Carabobo
Seis años debieron pasar para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pudiera entrar a Venezuela para constatar la realidad que viven millones de personas. El ingreso al país tuvo sus condiciones. La principal, no ofrecer declaraciones a la prensa. De hecho, los delegados le huyen a las cámaras y no, precisamente, por no tener de qué hablar. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado «maquillar» la situación en hospitales y centros carcelarios para que los comisionados vean una cara que no está acorde con la realidad, pero el olor a pintura fresca los deja en evidencia.
De forma «mágica», como dicen algunos médicos en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) de Valencia, aparecieron medicinas en los almacenes, junto a un operativo de remodelación y limpieza. Mientras llegaban carros cargados de insumos, desde las ventanas del edificio de adultos, área de Cirugía A y B, los pacientes contaban a gritos sus propias historias: «Aquí no sirve nada. No hay gasas. No hay agua. No hay nada». Desde adentro, el personal de seguridad les ordenaba silencio. Había una sola razón: La ONU visitaría ese centro de salud y otros lugares, bajo una agenda impuesta del lado rojo, para levantar un informe que será publicado en junio sobre la situación en Venezuela.
Militantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) llegaron a la Chet. También estaban diputados de la Asamblea Nacional y movimientos estudiantiles que fueron agredidos cuando intentaban llegar a los comisionados de Michelle Bachelet para relatar la realidad sobre el sector salud. A los actos violentos se le sumó el accionar propio de familiares de pacientes que les hicieron ver a los enviados de la ONU la otra cara de la moneda: en el hospital mueren personas por falta de medicamentos, por mal nutrición, por cáncer, como es el caso de Ismael, un pequeño que la mañana de este viernes pasó a ser parte de los 100 niños muertos por esa enfermedad en los últimos 25 meses en Carabobo, de acuerdo a la Fundación de Niños con Cáncer (Fundanica).
Los delegados salieron de la Chet con una imagen que reflejaba lo opuesto a las historias de familiares de los enfermos, que pedían ayuda humanitaria. Escoltados por la Policía Regional llegaron a un reconocido hotel en el norte de la ciudad donde sostuvieron una reunión a puerta cerrada. El salón se dividió en grupos: víctimas, familiares de presos políticos, excarcelados, familiares de jóvenes asesinados durante la represión. Los comisionados se mostraban muy preocupados y sorprendidos tras la exposición de cada uno de los asistentes. Los escucharon uno por uno mientras tomaban nota, en computadoras portátiles o escrito a mano, de los relatos.
El grupo más grande era jóvenes que fueron presos durante el gobierno de Maduro, lo encabezaba Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Carlos Graffe, Carlos Ramos, Humberto Pacheco. Mientras que el grupo de los adultos representaba la juventud de sus hijos que fueron asesinados en manos de funcionarios: Rosa Orozco, mamá de Geraldín Moreno, cuyo caso estaba en pleno conocimiento del delegado asignado, Daniel Queliz, papá de Daniel Queliz, papá de Hecder Lugo, esposa de Leonardo González y la mamá de Andrés Uzcategui.
En la sala del Hotel esperaban presidentes de Organizaciones No Gubernamentales para conversar con los delegados sobre la situación de enfermos en Carabobo. «En Venezuela tenemos una ausencia del 90 % de medicamentos y unos hospitales donde no hay agua, equipos, insumos, y eso tiene un impacto importante en la mortalidad de los niños, a quienes se les viola todos sus derechos a la salud y la vida», comentó la presidenta de Fundanica, Virginia Segovia de Bolívar. Mientras tanto, a las afueras del hotel estaba reunido un grupo de personas que gritaba, entre tanto: «Bachelle reacciona, Venezuela no funciona».
A todos los delegados les tocó escuchar distintas historias que al final se resumen en una violación sistemática de los DDHH. Una de las más impresionantes fue las de expresos políticos y las torturas a las que fueron sometidos. El comisionado de turno, escuchaba a cada uno mientras sostenía su cabeza con las manos en la frente. Parecía que nunca antes había oído tantas «atrocidades» juntas. Todos «están claros de la situación en Venezuela», dijo Rosa Orozco al salir.
«El Tigrito», es una de las celdas de la cárcel militar de Ramo Verde, donde han estado detenido y hacinados civiles. Por lo general, permanecen más de diez presos en ese reducido espacio, pero este miércoles solo estaban tres. Cuando llegó la comisión, comían: arroz, pollo y papas fritas.
El Centro de Formación para el Hombre Nuevo, en el municipio Libertador, fue otro de los lugares que visitó la comisión. Durante su paso, los privados de libertad, vestidos de amarillo, cantaban, bailaban y hasta practicaban la agricultura. En la agenda no había acceso a la Comunidad Penitenciaria de Carabobo, también conocida como Penal de Tocuyito, cuyo recinto es dominado por los reclusos que caminan con armas en manos por sus deteriorados pasillo y paredes huecas producto de balazos.
Los delegados habrían palpado en carne propia las dificultades social, económica y de salud que atraviesa el país. Ahora, quedaría esperar por el informe el próximo junio, que determinaría una visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
