ONG y gremios exigieron ante el PNUD la liberación de 6 sindicalistas condenados a 16 años de cárcel
La sociedad ve como un hecho la escalada de la criminalización de la lucha de los trabajadores en Venezuela y lo reprochan, y aprovechan cada espacio para manifestarlo. Este lunes representantes de organizaciones no gubernamentales y de agrupaciones gremiales protestaron en Caracas contra la condena a 16 años de prisión dictada la semana pasada a seis sindicalistas.
Durante una manifestación frente a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la dirigente gremial Griselda Sánchez denunció que en Venezuela hay «trabajadores presos, simple y llanamente, por defender sus derechos«.
La representante del sector educativo, rechazó las declaraciones del fiscal Tarek William Saab, en las que negó que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueran miembros de sindicatos.
Al respecto, el activista Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, aseguró que los sentenciados sí forman parte del movimiento sindical y que algunos de ellos acumulan una «amplia trayectoria gremial».
«Lo que pasó la semana pasada es el anuncio de una ofensiva contra la sociedad independiente, contra los gremios, en momentos en que nos preparamos para una contienda electoral. Entonces, el Gobierno está anunciando el inicio de un proceso de hostigamiento y conflictividad en un contexto preelectoral«, sostuvo Uzcátegui.
Se trata, dijo, de un «castigo ejemplar contra toda la sociedad venezolana que está movilizándose» en protestas sociales, mientras que, además, se han producido unos 650 conflictos laborales colectivos en lo que va de año, según estimaciones del Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
La versión del Ministerio Público
Saab aseguró que los seis hombres fueron condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir y que ninguno de ellos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de algún sindicato.
Además, el fiscal dijo que trató este caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Caracas, quienes, aseguró, «quedaron satisfechos» con la información que se les brindó, si bien en el último informe del organismo reconocía a los sentenciados como sindicalistas.
