Chavismo apunta a mejorar economía y el Parlamento a nuevo Gobierno en 2019
El Parlamento, de mayoría opositora, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, fijaron posición ayer martes en torno al 2019; un año en el que estas cámaras avizoran la posibilidad de un nuevo Gobierno y la instauración de una economía de mantenimiento respectivamente.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Omar Barboza, dijo ayer martes que este año crearon un «banco de leyes» que servirá de soporte jurídico a un eventual nuevo Gobierno en el país, pese a que el chavista Nicolás Maduro jurará en enero próximo un nuevo término de seis años.
Durante una sesión de la comisión delegada, que reúne a una veintena de diputados cuando la Cámara entra en receso, el opositor informó que se acordó la «estrategia» de continuar sancionando leyes que no fueron enviadas al Ejecutivo para su promulgación, en vista de su seguro rechazo.
Esto permitió a los legisladores continuar cumpliendo con sus funciones y desarrollar «una base jurídica» que «sirva de fundamento legal para la reconstrucción del país», añadió.
Entre las leyes aprobadas destacan la que establece una «mega reserva» de agua dulce en el sur del país, y desactiva un ambicioso plan minero del Gobierno de Maduro, así como una para facilitar la «migración de retorno» ante el éxodo de millones de venezolanos que han abandonado su país sobre todo en el último quinquenio por la crisis.
Además, se espera que otras leyes, como las del Banco Central o de «recuperación de activos producto de la corrupción», sean sancionadas en segunda discusión a partir del 5 de enero próximo, cuando la Cámara inicie un nuevo periodo de sesiones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a esta Cámara en «desacato» después de no cumplir con unas sentencias, por lo que Maduro omite presentarle a los diputados sus obligaciones y estos, en consecuencia, desacreditan muchas de las acciones del Gobierno.
Por su parte, la ANC, un órgano señalado de fraudulento y no reconocido por numerosos gobiernos, aprobó hoy el presupuesto público para el año 2019 que asciende a 1.5 billones de bolívares o 3.857 millones de dólares según la tasa oficial de cambio.
El constituyente Andrés Eloy Méndez explicó durante la sesión en que se aprobó por unanimidad el presupuesto que tres cuartos de este monto serán destinados a la «protección social», es decir, a financiar los programas de ayudas que mantiene el Gobierno y otros servicios como la salud y la educación, afectados por la crisis.
Del total, indicó el chavista, 304 mil millones de bolívares provendrán de la recaudación de Hacienda, 500 mil millones se obtendrán a través del crédito público internacional y 724 mil millones de la producción petrolera.
«Pretendemos superar los 2 millones de barriles diarios de producción para el año que viene», dijo e indicó que estiman un precio que oscile entre los 55 y los 60 dólares por cada barril de crudo.
La ANC cree además conveniente recurrir al refinanciamiento y reprogramación de la deuda por un monto cercano a los 270 mil millones de bolívares, unos 694 millones de dólares.
Méndez adelantó que el próximo año no habrá carros nuevos ni grandes hospitales nuevos pero que la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999, espera activar 29 mil brigadas de mantenimiento en todas las escuelas públicas del país petrolero y otras 577 en todos los centros de atención médica ambulatoria.
Se trata, según el constituyente, de seguir el ejemplo de Cuba donde, afirmó, «lograron con tremenda dignidad con economía de mantenimiento» enfrentar el bloqueo económico de los Estados Unidos.
«500 obras de mantenimiento comprando materiales (…) lograr eso con participación de los privados de libertad del país que se incorporan al plan de mantenimiento de las obras públicas de Venezuela», resaltó.
Además, el portavoz chavista anunció también que los más de 500 miembros de la ANC harán «seguimiento y control» de cada proyecto de obras públicas y que los planes de siembra estarán en sus manos «para nosotros poder ser partícipes del seguimiento y control político que estamos obligados a hacer».
