Arco Minero venezolano, símbolo de las verdaderas ambiciones del chavismo

Desde hace varios años Venezuela afronta una crisis política, económica y social que, como consecuencia, ha provocado la salida de millones de compatriotas, quienes buscan en otras fronteras las oportunidades que les fueron negadas. 

Sin embargo, muy poco se habla de la crisis ambiental que cada vez se hace más evidente. Un ejemplo de ello; el Arco Minero del Orinoco (AMO), nombrado el 24 de febrero de 2016 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional por la administración de Nicolás Maduro, y cuya explotación ilegal de los recursos comenzó a partir de 2017.

Los expertos en la materia Omar Linares, Cristina Vollmer de Burelli, Américo de Grazia, entre otros, participaron este miércoles 24 de marzo en el foro Arco Minero venezolano: retos y oportunidades de desarrollo sostenible de Analítica.com.

Durante el encuentro, Cristina Vollmer de Burelli, asociada al Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, aseguró que el decreto firmado por la administración de Nicolás Maduro en 2016 marcó un hito en la historia minera de Venezuela.

Señaló que el principal objetivo era “crear una especie de zona libre para la minería donde los militares tuvieran especial participación”, además de facilitar la actividad y mostrarla como un logro positivo por parte del Ejecutivo nacional. 

“El estado Bolívar pasó a ser el terreno de la aplicación de una política extractivista-sistemática, fundada en el Oro, la cual no deja ninguna inversión o beneficio social positivo para sus habitantes, y sin perspectivas de futuro”, enfatizó. 

Cristina Vollmer de Burelli

Indicó que distintos sectores del estado se han visto afectados por las actividades de minería ilegal que se desarrolla en la zona: la infraestructura educativa, según expuso, sigue siendo la misma que existía antes de la llegada del chavismo, y la cual “se encuentra absolutamente arruinada”. 

El mismo panorama se repite en la estructura médica y asistencial. “Al igual que el resto del país, la población no cuenta con centros hospitalarios, medicinas o personal médico calificado para la atención”. 

No obstante, puntualizó que lo que ocurre en Bolívar es “una situación inexplicable considerando los recursos económicos que supuestamente genera la extracción minera”. 

Vollmer de Burelli subrayó que el Escudo guayanés tiene una riqueza mineral extraordinaria, “pero actualmente resalta las ambiciones” de los involucrados.

Explicó que con el plan de nacionalización de minería, Nicolás Maduro fue eliminando a las empresas que no estuvieran asociadas a su administración.

“La estrategia ha sido promover la minería sin restricciones en manos de pequeñas unidades de producción, controladas por el régimen mediante el uso de la violencia y coacción con sus bandas armadas”.  

Cristina Vollmer de Burelli

Por otra parte, aseguró que la administración de Maduro ha promovido la extracción de oro a base de cianuro, “la cual tiene mayores rendimientos”. 

Sin consideraciones ambientales 

Advirtió que en la región existen 30 plantas de cianuración con capacidad de producir, aunque solo 13 han podido ser georreferenciadas. Asimismo, explicó que no han podido determinar el porcentaje de las plantas que estarían activas en la actualidad. 

“Lo que quiere decir que la producción de Oro es mucho mayor a la reportada por el Banco Central de Venezuela”. 

La emprendedora resaltó que no existen consideraciones ambientales, “es un sistema minero salvaje y eficientemente controlado por un aparato en cuyo ápice está el estamento militar”.  

Precisamente, expuso que uno de los peores impactos del Arco Minero del Orinoco es la erosión del potencial hidroeléctrico de Venezuela, el cual depende del potencial de la cuenta del Caroní. 

“Desde el punto de vista físico, el peor impacto viene por la sedimentación y la pérdida de potencial de estos ríos que son vitales para el país”. 

Cristina Vollmer de Burelli

Asimismo, puntualizó que dentro del Arco del Minero existe una alta tasa de deforestación, considerada la más alta de todos los países de la guayana amazonia. 

“En 20 años se han destruido bosques de una extensión casi igual al tamaño del estado Miranda (780.000 hectáreas). La minería ha destruido 21.300 hectáreas dentro del Arco Minero, lo que equivale a 28.000 campos de fútbol”, resaltó. 

Índice de violencia y crisis hospitalaria 

Vollmer de Burelli resaltó, además, que en las zonas más pobladas existe una mayor cantidad de hechos violentos, sobre todo homicidios. “Hay una estrecha cooperación entre las guerrillas colombianas (disidentes de las FARC y ELN) y los elementos militares del Estado venezolano (GNB)”. 

De igual manera, denunció que el Arco Minero es el foco infeccioso para enfermedades que habían sido controladas o erradicadas de Venezuela, entre las mencionadas se encuentran: el sarampión, difteria, paludismo o malaria, además del coronavirus, 

“Las razones radican en las pésimas condiciones sanitarias (…), la inexistencia o mal funcionamientos de los programas sanitarios gubernamentales, la alta movilidad migratoria interna de la población asociada a la economía minera en Venezuela”, precisó. 

Cristina Vollmer de Burelli

Rendimientos políticos que permitirían la sostenibilidad del Arco Minero 

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Américo de Grazia, denunció que el Arco Minero actualmente es una “zona de guerra”, ocupado por los gobiernos de Turquía, Irán, Rusia, China y Cuba.

En este sentido, aseguró que en la zona hacen vida distintos grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Hezbolá, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), el Hamás, entre otros. 

“(…) Los criminales que operan en el área con la asistencia y supervisión de Camimpeng y la Corporación venezolana de Minería, ambas instituciones filiales de las Fuerzas Armadas Nacionales (FANB) y del Ministerio de la Defensa”, señaló. 

Américo de Grazia

El también integrante del partido Causa R advirtió que el Arco “se ha convertido en un santuario para todos los grupos terroristas o irregulares”, además de un “holocausto ecológico”. 

Señaló que, además, otra de las consecuencias de la minería ilegal ha sido el colapso eléctrico del país, puesto que los ríos La Paragua, Caroní y icabarú, los cuales surten el embalse de El Guri, “están siendo explotados con la actividad minera de oro y diamante”. 

“Además del ecocidio, también hay asesinato económico y financiero del país. Basta con pensar que están matando la hidroeléctrica, para saber que esto tiene consecuencias fatales para los venezolanos”, destacó. 

Según resalta el diputado De Grazia, el Oro no reporta 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el Banco Central de Venezuela.  “De manera que no es una ganancia económica ni una alternativa viable para el país”, prosiguió.  

A su vez, indicó que la explotación de la actividad minera se ha ido expandiendo a otras regiones como Aragua, Táchira, Médica, Cojedes y Carabobo. 

Arca del Orinoco, una alternativa para el problema 

El diputado afirmó que existe una propuesta que tiene como objetivo la estabilidad y permanencia de la naturaleza, a diferencia del daño causado por el Arco Minero del Orinoco. 

La misma fue denominada “Arca del Orinoco”, por la Asamblea Nacional electa en 2015, a través de la Ley de la Mega Reserva. 

“La ley que la Asamblea Nacional aprobó en noviembre de 2018 con el propósito de proteger y cambiar un modelo agotado, hacia un modelo que preserva y sustrae a Venezuela del extractivismo, del rentismo petrominero e impulsa un modelo de provenir económico y sustentable”, explicó. 

Américo de Grazia

Subrayó que la ley deroga todos los instrumentos jurídicos con disposiciones antiecológicas decretados por el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y la administración de Nicolás Maduro. 

“Crea un corredor ecológico que sería el más grande de todo el planeta, conformado por parques nacionales y zonas protegidas, con el propósito de generar otro tipo de riqueza a la que hoy se pretende vender como alternativa económica y financiera”, dijo De Grazia. 

Enfatizó que esta alternativa podría garantizar la protección del Complejo Hidroeléctrico de Guri, además de amparar y reconocer a los pueblos indígenas.

Otro de los ponentes indicó que la situación actual en ciudad Guayana es la evidencia de un “proceso sistemático de desmantelar y desarticular todos los aspectos biológicos que conforman la guayana venezolana”. 

En este sentido, resaltó que Venezuela se encuentra entre los diez países megadiversos del mundo. “Tenemos la capacidad de generar recursos que sean sostenibles a largo plazo”, prosiguió. 

Sin embargo, explicó que “estamos en un momento crítico porque se necesita evaluar lo que está ocurriendo, con el propósito de promover una campaña en la cual entendamos la situación actual, además de fomentar con las leyes existentes y las leyes modernizadas procesos en el cual podamos hacer este análisis del paisaje”.