Apucv rechaza resultados de los comicios regionales
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) a través de un comunicado anunció que rechaza los resultados de las elecciones regionales.
Asegura que la elección del 15 de octubre es “un eslabón más en la cadena de eventos que ponen en evidencia la ausencia de separación de poderes, el desconocimiento por parte del Gobierno de la Constitución y, por ende, la existencia de un gobierno antidemocrático y dictatorial”.
A su vez, la Apucv exhortó a los candidatos opositores electos juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
A continuación el comunicado íntegro
LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UCV
ANTE LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES
La Junta Directiva de la APUCV, a pesar de la controversia existente, invitó a participar en dicho evento pues, con el mismo, se daba cumplimiento a un derecho ciudadano establecido en la Constitución y postergado sin justificación alguna.
El pasado 15 de octubre se lleva a cabo la elección de gobernadores y sus resultados han desatado una discusión sobre la confiabilidad y validez del proceso.
Como organización de la sociedad civil hemos mantenido una defensa constante del Estado de Derecho y la Democracia, razón por la cual nos sentimos obligados a evaluar los hechos ocurridos y la existencia o no de un fraude electoral.
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Los estudiosos del tema consideran el Fraude Electoral como un intento de alterar la voluntad individual o colectiva de los electores, con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales. Se le considera un atentado a la legalidad democrática, un delito con fines políticos y un atentado contra la libertad electoral, pues promueve la falta de equidad, competitividad y transparencia.
El fraude se basa en una manipulación intencionada, en cualquier etapa del proceso electoral, dirigida a alterar los resultados con el objetivo último de distorsionar la formación y/o expresión de la voluntad popular.
En el proceso de formación de la voluntad popular deben concurrir dos principios nucleares sin los cuales es difícil hablar de elecciones democráticas: pluralidad en la competencia y equidad en esa misma competencia. Siendo la equidad sinónimo de igualdad, ecuanimidad, justicia, rectitud y equilibrio.
El fraude no es un hecho que se circunscribe al acto de votación pues el proceso electoral puede ser alterado en alguna de sus etapas con la finalidad de alterar el resultado.
Aunque el Consejo Nacional Electoral debe guiarse por los principios de independencia, neutralidad, imparcialidad, transparencia y eficacia, su actuación se ha convertido en un poderoso instrumento de ejecución del fraude actuando por comisión, omisión o coacción.
Así, en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente el CNE implementó dos acciones fraudulentas, al delimitar y definir el tamaño de las circunscripciones electorales con la intención de favorecer candidaturas determinadas, y establecer fórmulas de asignación por circunscripción destinadas a sobredimensionar la representación de ciertos partidos políticos en detrimento de otro. A partir de ese entonces se desarrollan un conjunto de hechos que, promovidos por el gobierno a través de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente desembocan en la actual situación.
El CNE separa, ilegalmente, la elección de Gobernadores de las correspondientes a Asambleas Legislativas y Consejos Municipales. Se manipula el registro electoral, se niega información vital que contribuye a garantizar la transparencia y se publica información deliberadamente errónea. Así en la propia página del CNE estuvo excluida, como centro electoral, la Universidad Metropolitana y sus electores cambiados para que a pocas horas de la elección lo volvieran a incorporar.
Con la finalidad de afectar a los sectores opositores el CNE elimina centros a pocas horas del acto de votación. Los electores son trasladados a colegios electorales a gran distancia para obstaculizar el ejercicio efectivo del sufragio y en zonas de cierta peligrosidad. La operación para contrarrestar este hecho y trasladar a los electores afectados fue permanentemente atacada por grupos organizados del oficialismo.
Como brazo ejecutor del Fraude, el CNE violó sus propias normas y procedimientos impidiendo la legal sustitución de candidatos opositores que habían renunciado. De esta manera, promovió la confusión del electorado y el voto nulo.
Como parte de una práctica constante, niega la presencia de observadores internacionales provenientes de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, pero promueve acompañantes internacionales afectos al gobierno.
La autoría del fraude electoral recae en la Presidenta del CNE y en las tres rectoras que la acompañan. Ellas son el brazo ejecutor de una acción fraudulenta que afectó todas las fases del proceso comicial.
Durante todo el proceso de la formación de la voluntad popular:
Las estructuras del Estado obligaba a los empleados públicos a asistir a manifestaciones de apoyo al candidato gubernamental y los amenazaba con la pérdida del empleo y algunos beneficios sociales.
Los medios de comunicación del Estado, todos encadenados, fueron utilizados para la difusión exclusiva de los candidatos gubernamentales y durante todo el 15 de octubre hicieron campaña electoral sin que el organismo responsable de que se acatara la ley actuara en consecuencia.
Todo el aparato del Estado fue colocado al servicio de los candidatos del gobierno. Las reiteradas cadenas del Presidente constituían una abierta campaña electoral desacatando la ley, pero contando con el silencio cómplice del CNE.
Los medios de comunicación independientes intimidados y coaccionados por CONATEL.
Mensajes electorales promovidos por ONG, como Decisión Ciudadana, fueron prohibidos y sacados del aire.
La compra del voto se hizo evidente a través de la oferta al votante de las bolsas del CLAP.
El 15 de octubre:
La milicia bolivariana, brazo político del PSUV, fue utilizada como elemento intimidatorio.
En los sectores de oposición los miembros del Ejército, en funciones del Plan República, actuaron enlenteciendo el proceso.
La existencia de acciones violentas para atemorizar a los electores fue una constante.
Testigos electorales fueron desconocidos e intimidados.
El proceso electoral se caracterizó por la falta de libertad, equidad y transparencia y ello constituye lo que los estudiosos designan como componentes de un Fraude Electoral.
La elección del 15 de octubre es, en opinión de la Asociación de Profesores de la UCV, un eslabón más en la cadena de eventos que ponen en evidencia la ausencia de separación de poderes, el desconocimiento por parte del gobierno de la Constitución y las leyes y, por ende, la existencia de un gobierno antidemocrático y dictatorial.
Si existía alguna duda sobre el fraudulento proceso, desconocer el triunfo de Andrés Velásquez, en el estado Bolívar, no deja lugar a dudas. Los resultados reales fueron alterados por el CNE y existen las actas de mesas que lo demuestran.
Exhortamos a los candidatos que lograron derrotar el fraude electoral a respetar la Constitución y las leyes y a no juramentarse ante una instancia ilegal e inconstitucional. Que el gobierno corra con las consecuencias de impedir que asuman las funciones para las cuales fueron electos. Actuar en contrario sería un suicidio político imperdonable.
La decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, publicada en la Gaceta Nacional, ordenando a los gobernadores electos juramentarse ante la misma, so pena de no ser reconocidos es, paradójicamente, una excelente noticia. Constituye una demostración palpable del desconocimiento al principio constitucional de que la soberanía reside en el pueblo y que los órganos del Estado están sometidos a ella.
Es hora de una profunda reflexión que trascienda las acusaciones mutuas entre los sectores democráticos. Ya basta de actuaciones individuales que responden a intereses político-partidista y no a los intereses de la nación y los ciudadanos.
A los aliados internacionales no se le puede responder con muestras de intolerancia por emitir juicios críticos sobre la actuación de la unidad opositora. La autocrítica es lo que debe privar en las actuales circunstancias.
Resulta inaceptable que algunos candidatos hayan declarado tener evidencias de haber resultado ganadores y al día siguiente afirmar lo contrario.
Si la unidad democrática desconoció los resultados electorales por fraudulentos, resulta contraproducente la declaración y actuación de algunos de sus dirigentes reconociendo los mismos.
Con el derecho moral que nos asiste, por los aportes dados en la defensa del país, por los riesgos asumidos en esta lucha contra la dictadura, les exigimos coherencia política.
Como organización no gubernamental hemos sido y seremos vigilantes del respeto a la Constitución, pero también lo seremos de la actuación de quienes dicen defender la libertad y la democracia y van de una torpeza a otra. No aceptaremos ser convidados de piedra, ni jarrones chinos cuando lo que está en juego es el futuro del país.
No permitamos con nuestra actuación que la dictadura se esconda detrás de una fachada falsamente democrática.
Que desconozcan el triunfo de Andrés Velásquez. También a los gobernadores de la oposición que derrotaron el fraude. Que el gobierno muestre su real esencia.
Que la “derrota” se convierta en triunfo para retomar con más fuerza la defensa de la nación y la de unos ciudadanos cada vez más empobrecidos.
Como universitarios desconocemos unos resultados electorales fraudulentos y seguiremos en pie de lucha ante las atrocidades del régimen y sus brazos ejecutores, el Tribunal Supremo de “Justicia” y el “Consejo Nacional Electoral”.
Nuestro mundo de azules boínas, os invita su voz a escuchar
Empujad hacia el alma la vida, en mensaje de marcha triunfal
Directiva de la APUCV
Caracas, 20 de octubre de 2017
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