ANC aprueba «ley contra el Odio» con penas de hasta 20 años de cárcel
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este miércoles la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conformada por 25 artículos, entre los cuales se contemplan penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover «delitos de odio».
«Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años», establece el artículo 20 de la citada ley.
La ley aprobada este miércoles fue un encargo personal del presidente, Nicolás Maduro, a la Constituyente para acabar con los supuestos mensajes «de odio» social, racial y político que según el oficialismo provocaron la ola de protestas contra el Gobierno que vivió el país entre abril y agosto de este año que dejó 120 muertos.
La ley -que reconoce también como delitos de odio aquellos que vayan dirigidos contra las minorías sexuales- pena el «agravante por motivos de odio e intolerancia» con una sanción equivalente al «límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente».
El texto prevé asimismo penas de cárcel de entre 8 y 10 años para aquellos funcionarios policiales o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables de «delitos de odio», y privaciones de libertad de esa misma duración para el personal sanitario que discrimine a la hora de ofrecer atención.
La ley deroga asimismo cualquier otra disposición existente que la contradiga, y crea una «Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica» formada por 15 integrantes y con la que están obligados a cooperar todos los ciudadanos, instituciones y entidades de la República.
Entre estos 15 integrantes se cuentan miembros de la Constituyente, varios ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, así como el fiscal general Tarek William Saab, representantes de organizaciones sociales y otros altos cargos del Estado.
Según la presidenta de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez la aprobación de la ley es un homenaje a los que «perdieron la vida» víctimas «del odio y la intolerancia» durante las protestas contra el Gobierno.
