AN deploró el «atropello» de expulsar al embajador español
La Asamblea Nacional consideró hoy un “atropello” que el Ejecutivo haya declarado «persona no grata» al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, y deploraron la orden de expulsión del país a nombre del diplomático.
La comisión de Política Exterior de la AN emitió un comunicado firmado por el presidente de esta comisión, Luis Florido, para «deplorar, rechazar y alzar nuestra voz frente a este nuevo atropello».
El Legislativo indica que de esta forma el país “se pone de espaldas a lo que es una relación histórica desde la génesis misma de nuestra patria, olvidando que una de nuestras raíces es hispánica».
Luis Florido cree que con esta expulsión «la imagen del régimen se deteriora más» y «muestra debilidad ante la presión internacional», debido a que la acción se concretó esta semana, en respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra siete altos funcionarios venezolanos.
Asimismo, el comunicado recuerda que “gracias a los buenos oficios del embajador Silva Fernández se dieron los primeros pasos» para el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana, «que por cierto, hoy por hoy se encuentra en un momento difícil gracias a estas acciones del régimen, que en nada contribuyen a construir un clima de confianza que propicie alcanzar acuerdos», prosigue la nota.
Gobierno de Nicolás Maduro “desconoce que el desarrollo de la Venezuela contemporánea también ha sido producto del esfuerzo y del trabajo de cientos de miles de españoles que han hecho de Venezuela su patria, y su hogar», haciendo uso de “una visión tradicional y retrógrada de los principios de Soberanía (…) tal y como lo han hecho otros regímenes de facto y opresivos a lo largo de la historia mundial para ejercer hegemónicamente el poder y perpetuarse en el mismo», agrega la nota.
El Gobierno español por su parte anunció hoy la declaración de «persona non grata» al embajador venezolano en Madrid y la invitación a abandonar el país en un plazo de 72 horas, en una respuesta «proporcional» y «de reciprocidad» a la misma medida adoptada ayer por las autoridades de Caracas.
