Alfredo Ramos y Roberto Picón, presos «beneficiarios» tras medida de la Constituyente
El exalcalde del municipio Irribaren, en el estado Lara, Alfredo Ramos, y el asesor y colaborador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Roberto Picón, fueron dos de los presos «beneficiarios» tras la medida recomendada por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, que fue anunciada este sábado por la presidenta de la cuestionada instancia, Delcy Rodríguez.
Picón y Ramos forman parte de un grupo de 13 presos que, según explicó Rodríguez desde la sede de la Cancillería, han sido beneficiarios de medidas cautelares judiciales por recomendación de la Comisión de la Verdad de la Constituyente.
«Han sido beneficiarios de medidas cautelares judiciales recomendadas por la Comisión para la Verdad en los casos particulares de cada uno de ustedes. Hemos querido tener este encuentro para hacerles saber qué es la comisión para la verdad y cuál es el objetivo de la comisión», explicó Rodríguez a los 13 presos «beneficiarios» trasladados a la sede de la Cancillería, que conforman un primer grupo de privados de libertad por «hechos violentos con fines político».
Ramos estaba detenido desde hacía más de 120 días. El pasado 10 de noviembre, su esposa, Carmen Ramos, introdujo una solicitud para reiterar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una petición de medida humanitaria.
Picón, por su parte, fue detenido el pasado 22 de junio y se encontraba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en el Helicoide.
Rodríguez anunció horas antes de la comparecencia del grupo de 13 presos ante la Asamblea Nacional Constituyente, que la Comisión por la Verdad comunicó un conjunto de recomendaciones a los órganos del sistema judicial penal venezolano, para aplicar formulas sustitutivas a la prohibición de libertad para al menos 80 presos por “hechos violentos con fines políticos”.
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista dijo ante el grupo de 13 presos «beneficiarios» tras la medida de la polémica instancia, que en su caso particular se trataba de una evaluación por los «hechos violentos del 2014» y recientemente en los meses de abril y julio.
