Afirman que se criminaliza la actividad privada
La legislación venezolana, hasta noviembre de 2014, consideraba el acaparamiento y el boicot como ilícitos administrativos. En esa fecha, por vía habilitante, el presidente Nicolás Maduro reformó la Ley de Precios Justos y estas actividades fueron tipificadas como delitos que recibirían sanciones penales.
El profesor de la UCV y coordinador del Observatorio de la Propiedad Privada de Cedice, Luis Alfonso Herrera, indicó que este viraje fue una advertencia al sector privado, que ahora se materializa.
“Es un delito de corte político que criminaliza la actividad privada. Tal como está redactada esa ley, es difícil que cualquier persona no caiga en irregularidades, porque está orientada a que no pueda ser cumplida”.
El presidente de Conindustria y el de Consecomercio, Eduardo Garmendia, y Mauricio Tancredi, respectivamente, coincidieron en que las recientes acciones contra el sector privado no son nuevas. “Estas arremetidas se han mantenido en los últimos años”, afirmó Garmendia. “Con este tipo de hechos lo que se hace es degradar la confianza en el mercado y disminuir la inversión y el crecimiento”, agregó el presidente de Conindustria.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, expresó su rechazo a la privativa de libertad a directivos de Farmatodo por presuntamente incurrir en irregularidades en el expendio de productos de primera necesidad. “Ahora los empresarios engrosarán la lista de presos políticos de este gobierno! Solidaridad con los gerentes detenidos de Farmatodo!”, escribió en su cuenta de Twitter.
