Actualidad Nacional

Advierten un aumento de la represión durante las protestas del 3 de agosto

En un balance publicado, se reportó que los civiles han sido víctimas de acciones represivas, persecuciones y hostigamiento

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informaron que, durante las protestas registradas el sábado 3 de agosto en contra de la proclamación, por parte del CNE, de Nicolás Maduro como presidente, se registró un aumento en la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por medio de un comunicado, ambas organizaciones rechazaron que la población sea víctima de acciones violentas por parte de los cuerpos de seguridad, así como también los llamados colectivos y de los grupos del Sistema Popular de Protección para la Paz.

Represión y hostigamiento

Asimismo, en un balance publicado, se reportó que los civiles que han salido a reunirse en concentraciones pacíficas han sido víctimas de acciones represivas, persecuciones y hostigamiento.

Igualmente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló que esta «Política de represión» evidencia «que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos«, como sucedió en 2014, 2017 y 2019.

«Entre los días 29 y 30 de julio, el OVCS documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, en las que se observó la presencia de civiles armados, conocidos como Colectivos, en al menos 119«, reza el informe.

La misiva también sostiene que para el sábado 3 de agosto, la cifra preliminar de manifestantes asesinados asciende a 20.

Operación «tuntun»

La organización también denunció las «numerosas detenciones arbitrarias de personas que participaron en manifestaciones o que expresaron su descontento públicamente«.

«Hasta el 02.08.24 autoridades venezolanas anunciaron mas de 1.200 personas detenidas y 1.000 solicitadas, a los que se les imputarán delitos como Terrorismo y traición a la patria, con penas de hasta 20 años de cárcel«, señala el documento.

La ONG enfatizó que estas prácticas son protagonizadas por «los Colectivos y civiles que forman parte de las Redes  de Articulación y Acción Socio Política (Raas), UBCH, y otros integrantes del SP3, en labores de inteligencia social, delación, identificación y ubicación de las víctimas«.

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