Administración de Maduro vincula a la PUD con «crímenes contra orden constitucional»
El partido de Machado rechazó "categóricamente" esa "infundada acusación", que considera una nueva arremetida emprendida por el régimen
La Administración de Nicolás Maduro vinculó a la Plataforma Unitaria Democrática con «crímenes contra el orden constitucional», entre ellos supuestos planes de magnicidio contra Nicolás Maduro.
«La Plataforma Unitaria actúa como una sociedad de cómplices y creen los cabecillas que, confundiendo a la opinión pública, van a tapar su corresponsabilidad en estos crímenes contra el orden constitucional«, escribió en X el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.
Ñañez dijo que en la plataforma opositora «hacen parte del Pacto de los Apellidos y, prueba de ello, es que jamás han repudiado el asalto a los cuarteles militares ni la ejecución de planes magnicidas».
En los últimos meses, el oficialismo ha señalado a políticos miembros de partidos que integran la PUD como «los apellidos», entre ellos María Corina Machado, ganadora de las primarias celebradas en octubre, aunque está inhabilitada para competir por cargos públicos en estos y otros comicios hasta 2036.
Ñáñez agregó: «Defenderemos la paz y tengan la seguridad de que habrá justicia».
Con este mensaje, el ministro respondió a una publicación de la PUD en X en la que alertó de la «pretensión» del Gobierno de «continuar la persecución» contra «las fuerzas democráticas», luego de que el jefe de Estado calificara al partido Vente Venezuela (VV) como «terrorista».
Según dijo el Ejecutivo, varios «intentos de magnicidios y desestabilización» han sido «desmantelados en las últimas semanas, incluida la intentona» del lunes, cuando «un extremista de la organización Vente Venezuela fue detenido con armas dispuesto a atentar contra la vida del presidente«.
El partido de Machado rechazó «categóricamente» esa «infundada acusación», que considera una «nueva arremetida emprendida por el régimen para justificar más persecución y detenciones» contra los que han «asumido el derecho de exigir los cambios democráticos que hoy piden los ciudadanos mayoritariamente para el país».
