La ONG Acceso a la Justicia, hizo público un análisis en el que señalan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado por el mandatario Nicolás Maduro, de ser un órgano alejado de sus funciones, asegurando que “en vez de actuar como un órgano garante de la Constitución y los derechos humanos se convirtió es un ente represor”.
Según se especifica en el texto la situación fue denunciada en septiembre por Laura Louza, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, durante su participación en 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Louza presentó las siguientes estadísticas:
- 105 sentencias contra la Asamblea Nacional (AN).
- 61 sentencias contra: 87 funcionarios de oposición o disidentes.
- 18 alcaldes 1 gobernador y 5 concejales.
- El máximo tribunal también ha emitido decisiones contra 33 magistrados.
- 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).
- 27 diputados del Parlamento.
Precisando así que “la persecución a la disidencia es parte de una política sistemática e intencional del máximo tribunal”, destacando además que las acusaciones carecen en de verdaderos delitos y de pruebas, juicios sin debido proceso y derecho a la defensa en particular, y la presentación de fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten como un guion en todos los casos, sin basamento legal válido.
El TSJ, en su subordinación descarada al Gobierno, ha incurrido en la violación de la inmunidad parlamentaria y otros privilegios de los diputados o de otros altos funcionarios como el antejuicio de mérito, la ausencia de publicación de las sentencias en muchos de esos casos; y el proceder incluso de oficio, como lo ha hecho en 2019 en siete oportunidades para suspender motu propio acuerdos de la Asamblea Nacional.
La directra ejecutiva, también denunció la persecución manifiesta del Poder Judicial desde enero de 2016 a los adversarios de Maduro, mediante la estrategia de anulación de los partidos políticos bajo el falso argumento de la renovación institucional.
Acceso a la Justicia puntualizó en el 173° período de sesiones de la CIDH que en 2018 el máximo tribunal invalidó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido más importante de la oposición.
Esta anulación se dio al no permitirse la renovación de la organización por estar compuesta de varias organizaciones ya renovadas y atentar supuestamente contra el principio de la doble militancia, aunque no esté prohibida constitucionalmente. Pero, justamente con la tarjeta de la MUD, la oposición se hizo de la mayoría del Poder Legislativo en 2015, y por si fuera poco, se trata de tarjeta más votada en la historia electoral de Venezuela.
