Abuelos demandan al IVSS por asignación de pensiones
Un grupo de adultos mayores que integran el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, interpuso una demanda ante el Tribunal 1ero en lo Contencioso del Área Metropolitana de Caracas en contra del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por el retraso en la incorporación de la pensión de vejez. Y en esta acción judicial y de protesta los acompañó el presidente de Abuelos Miranda, Luis Francisco Cabezas, y activistas del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
“Cerca de un millón 400 mil adultos mayores están fuera de la seguridad social, lo que los hace un segmento muy vulnerable al no percibir ningún tipo de contribución. Ni siquiera los que tienen las cotizaciones cumplidas o aquellos que están bajo la modalidad no contributiva por la Misión Amor Mayor reciben pagos”, sentenció Cabezas.
En lo que va de año sólo se han hecho dos anuncios presidenciales de incorporación a nuevas pensiones y el listado tampoco se ha hecho público totalmente. En las respectivas oportunidades el propio Gobierno nacional habló de 22 mil nuevos pensionados y luego de 16 mil, pero la meta que se habían trazado para 2015 es de 300 mil incorporados, según recuerda Cabezas. “¿Aspiran entonces incorporar 260 mil personas antes de que acabe el año. Yo creo que eso es realmente imposible en la actual situación económica. Esta cantidad no la lograron ni en su mejor año de renta petrolera”, apuntó Cabezas.
Cotizaciones completas
Los trabajadores que presentaron la demanda cumplieron con las cotizaciones requeridas por Ley, pero las instituciones públicas en las que laboraron tantos años no hicieron los pagos correspondientes al IVSS, según explicó Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Pensionados. “Ahora pretenden que el trabajador pague la deuda, cuando esto no es competencia de ellos. La falta es imputable al IVSS por no fiscalizar a tiempo”, agregó Silva. La mayoría de los afectados prestaron servicio en los ministerios de Salud y Educación, y provienen de diferentes regiones del país. Este martes se movilizaron desde Lara, Carabobo y Yaracuy.
Provea recordó que la omisión y retardo en la asignación de pensiones viola el derecho a la seguridad social y el trato digno que debe dar el Estado a las personas de la tercera edad. La imposibilidad de gozar de su pensión por vejez contraría el derecho establecido en el artículo 80 de la Constitución, así como los contenidos del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
