¡A 11 meses de su detención! ONG venezolanas exigen la liberación de Javier Tarazona
Un grupo de ONG de Venezuela levantó la voz para exigir este jueves la liberación de Javier Tarazona, director de Fundaredes, el cual se encuentra privado de libertad desde hace 11 meses.
La detención de Tarazona se llevó a cabo el 2 de julio del año 2021, luego de ser acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
Entes como Provea, Acción por la Libertad, Fundaredes y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, exigieron atención médica para Tarazona mientras se mantenga preso, dado que aseguran que su salud es delicada, dado que desde su aprehensión viene sufriendo de problemas cardíacos.
«Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, hoy se cumplen 11 meses de su detención arbitraria junto a dos compañeros. Es acusado, sin pruebas, de cometer delitos de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio defender derechos humanos en Venezuela no es un delito. Libérenlo!”, escribió Acción por la Libertad en Twitter.
En esa misma red social , Provea rememoró que el activista lleva 335 días detenido de manera «injusta» e insistió en la necesidad de que su salud sea atendida.
«335 días sin ayudar. Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de Fundaredes cumple 335 días de injusta detención por denunciar abusos. Javier necesita atención médica, defender derechos humanos NO es un delito #LiberenATarazona #2Jun«, indicó el ente.
Hay que recordar que Tarazona fue detenido junto a su hermano Rafael y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón, cuando acudían a la oficina fiscal de la localidad de Coro, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según informó Fundaredes.
No obstante, Rafael Tarazona y García fueron excarcelados el 26 de octubre, bajo el régimen de presentación.
La libertad de Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, ha sido solicitada de manera reiterada por diversas organizaciones de derechos humanos.
