80 menores de edad fueron detenidos en protestas contra Maduro

Desde el pasado lunes 21 de enero se han registrado unos 43 asesinatos y 956 detenciones arbitrarias durante las protestas antigubernamentales en todo el territorio nacional, en su mayoría jóvenes y menores de edad y sin ningún tipo de antecedentes penales.

Así lo dio a conocer este lunes la diputada y militante de Voluntad Popular, Adriana Pichardo; acompañada por su homóloga parlamentaria y presidente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano; y la abogada miembro de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, quienes responsabilizaron directamente a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y grupos paramilitares armados por estas detenciones.

Las legisladoras señalaron que los ciudadanos detenidos fueron llevados por los funcionarios del estado por protestar “contra la miseria y el hambre que vivimos como pueblo, y el régimen lo que hizo fue atacar violentamente a través de las armas (…) Estas personas protestaban en las zonas mas populares del país conocidos como los barrios», agregó.

Reporte de irregularidades y detenciones

Durante una rueda de prensa las voceras de los derechos humanos destacaron que la cifras de las detenciones arbitrarias y de muertes violentas son ejecutadas por partes de los efectivos de las FAES y colectivos, por lo que señaló que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no se han prestado para este tipo de agresiones hacia los ciudadanos quienes han protestado de manera pacifica y organizada.

Los familiares de los detenidos denunciaron que estos son torturados por los funcionarios con bolsas que contienen polvo de bombas lacrimógenas para intentar asfixiarlos, descargas eléctricas, amenazas de violaciones sexuales, entre otros métodos de vejación.

Hay 80 menores detenidos entre 12 y 15 años (algunos en condiciones especiales como síndrome de down y cáncer). “La respuesta absolutamente desproporcionada del régimen es la represión, detenciones arbitrarias y muerte.Yo sé que para el régimen es difícil aplicar la legalidad, pero son inimputables, como lo dicta la legalidad venezolana. Los jueces hablan que son 45 días nada más para tratar de disimular la privación de libertad”, insistió Solórzano.

• El pasado 21 de enero 10 tenientes fueron detenidos y llevados a los sótanos del Sebin en Boleita, donde son torturados.
• Entre el 60% y 80% de los detenidos tiene privativa de libertad.
• Solo el 10% ha sido liberados (unos bajo medidas cautelares y otros libertad plena).

“Hoy denunciamos que Venezuela vive una situación alarmante con respecto a los derechos humanos. Hay más de mil detenciones arbitrarias y personas han sido torturadas por cuerpos de seguridad bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Según los reportes que hemos recibido, hay alrededor de 120 mujeres detenidas y más de 80 menores de edad”, señaló Acosta.

Aunado a esto, la abogada denunció que los funcionarios de las FAES entran a los barrios violando el derecho a la propiedad privada desalojando todo a su paso para intimidar a la gente con amenazas de muerte, por lo que los habitantes de esas zonas mas vulnerables del país se han visto en la obligación de abandonar sus hogares y huir de la violencia de Estado.

Bachelet acelere su visita

La diputada Adriana Pichardo hizo un llamado a la alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michell Bachelet, para que acelere su visita a Venezuela y sea testigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Pedimos a la alta comisionada de los derechos humanos Michell Bachelet que apresure su llegada a Caracas y constate lo que está pasando con las detenciones en los últimos días», dijo.

Según Pichardo, la oposición se comunicó el domingo con Bachelet para hacerle conocer la actual situación que atraviesa Venezuela y que se tensó desde que Guaidó, se autoproclamó presidente del país por considerar a Maduro un «usurpador».

Finalmente, exhortaron a los funcionarios, civiles y militares a alzar su voz y dejar de ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos al cumplir órdenes inconstitucionales y a unirse en compañía del pueblo venezolanos a las actividades de calle convocadas para este miércoles 30 y sábado 2 de febrero en todo el territorio nacional.

El CNE deben dar un paso al lado para realizar unas elecciones libres

Por su parte los dirigentes de Primero Justicia (PJ) instaron este lunes a los directivos  del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben dar un paso a un lado y cesar sus funciones como máximos representantes de este órgano, con la intención de poder realizar en los próximos meses unas elecciones libres y justas como tanto lo ha venido solicitando la oposición venezolanos y el presidente interino de la República, Juan Guaidó.

En representación de la tolda amarilla, el exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, expresó que seguirán los tres pasos que se quieren realizar: Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres, destacando el último punto como uno de los más importantes en este momento.

«Debemos dejar muy claro que cuando hablamos de elecciones no nos referimos a la farsa electoral que permitió la instalación de una fraudulenta Constituyente ni a la autoelección de Maduro el pasado 20 de mayo», enfatizó.

Por tal motivo, desestimó que este proceso electoral se tenga que realizar bajo la tutela de los actuales representantes del CNE, debido a que, a su juicio, ellos son «los responsables de la enorme crisis que vivimos los venezolanos por prestarse a torcer la voluntad del pueblo».

Es por ello que les pidió «de manera inmediata» que dimitan del cargo que actualmente ocupan «y faciliten las elecciones libres».

Por ultimo, instó a toda la población venezolana a seguir alzando sus voces para este miércoles 30 de enero y sábado 2 de febrero en todo el territorio nacional. «Debemos seguir firmes y unidos en la calle apoyando las acciones de nuestro presidente Juan Guaidó y demás compañeros de la legítima Asamblea Nacional», puntualizó Ocariz.