2019 inició con más de mil detenciones políticas, según denunció el Foro Penal

Un total de 1.069 detenciones arbitrarias se registraron en el país entre el 21 y el 31 de enero de 2019 luego de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, según denunció este jueves el Foro Penal Venezolano (FPV).

El director de esta ONG, Alfredo Romero, aseveró que esta cifra da cuenta del carácter irregular y represivo con el que los organismos de seguridad operan contra la población, principalmente en zonas de bajos recursos.

Aunque este número de detenidos reportados en el primer mes del año se redujo a solo 723, tras las liberaciones de 132 mujeres y 137 menores de edad, entre otros, Romero indicó que estos casos sumados dan un total de 989 presos políticos en cárceles venezolanas, la cifra más alta registrada durante los seis años de la administración de Maduro.

«Esta lista ha sido enviada a organismos internacionales para su verificación y certificación», adelantó el jurista en rueda de prensa al mencionar entre los destinatarios de estos informes a la Organización de Estados Americanos (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), las Naciones Unidas y las Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

El director del Foro Penal también se refirió a los crecientes casos de desapariciones forzadas que, según esta organización, han ocurrido al menos 15 (de mediano y largo plazo) en los últimos 10 días de enero «en relación con causas de carácter político».

Destacó la situación del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Harry José Solano, quien participó en el alzamiento militar en San José de Cotiza, Caracas, del mes pasado, y denunció recientemente la desaparición cinco familiares, entre ellos cuatro mujeres, las cuales resultaron detenidas los días 21 y 22 de enero. De acuerdo con Romero, las víctimas fueron objeto de «actos lascivos» previo a su liberación. Aún permanece desaparecido un primo del funcionario exiliado en Colombia.

«No es solo que están privadas de libertad,  hay un trato cruel degradante. Hay torturas importantes directas e indirectas contra estas personas», aseguró.

Torturas con agua helada en El Junquito

Uno de los sectores más afectados en la capital del país por la incursión de las fuerzas de seguridad del Estado fue El Junquito, parroquia del municipio Libertador que fue protagonista de intensas protestas en contra del gobierno chavista. Al menos ocho personas resultaron aprehendidas «sin justificación» penal tras estos hechos.

Jonnarkis Velásquez relató que su esposa Natalí Ruiz, de 28 años, fue arrestada por funcionarios de la GNB el 24 de enero y trasladada a la Comandancia del kilómetro 12 de El Junquito. En ese centro inició un calvario que ya cumple más de un mes, en medio de denuncias de tratos crueles y violaciones al debido proceso.

«Se la llevaron a la comandancia y allí la golpearon por los tobillos, rodillas y muslos; le echaron agua fría por la mañana y gas pimienta en los ojos. La amenazaron con cortarle el cabello», incluso, cuenta que la mujer fue dispuesta en un área en donde solo se encuentran hombres, compartiendo hasta el mismo baño.

No fue hasta el pasado domingo 10 de febrero en que Jonnarkis logró visitar a su esposa, sin que fuera un encuentro pleno. «Duró tres minutos y solo pude tocarle las manos porque teníamos un vidrio entre ambos», dijo al tiempo que destacó que en todo momento hubo presencia de efectivos de la GNB. La pareja ha concebido cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre  4 y 12 años de edad. Ninguno ha vuelto a comunicarse con la madre desde su detención.

Similar situación atraviesa Lisbeth Fuenmayor, cuyo hijo, Kleinderber, de 19 años, también fue recluido en la comandancia del cuerpo castrense por los hechos del 21 de enero.

«Él fue detenido por la Guardia Nacional y lo golpearon sin preguntarle nada. Lo metieron en una patrulla y luego me avisaron a mi casa. En la comandancia me dijeron que estaba detenido porque lo habían encontrado donde estaba la manifestación y saqueos», narró.

Esporádicas cartas han sido la principal ventana de comunicación entre los reclusos y sus familiares para dar a conocer las torturas que han sido objeto durante su permanencia en el lugar. «Mi hijo me mandó una carta y me dijo que el día en el que llegaron los golpearon con martillos, les echaron gas pimienta, les cortaron el cabello con un cuchillo de cocina y toda la noche nos lanzaron hielo», reveló Lisbeth.

Estos tratos degradantes se repitieron con Carlos Eduardo Tabera, carpintero de 31 años, según denunció su padre Efraín Rondón. Al igual que Kleinderber y Natalí. A Carlos también le imputaron cargos por agavillamiento, resistencia a la autoridad, participación en «guarimba» -delito inexistente en el Código Penal-, aunque en su caso se sumó la tipificación de hurto.

Alfredo Romero remarcó que estos testimonios representan ejemplos de la gravedad de los casos que ocurren bajo la complicidad de cuerpos de seguridad, fiscales y jueces del sistema de justicia.