Tribunal Supremo declara «ilegal» el cierre del Parlamento británico
El primer ministro Boris Johnson adelantó a la BBC que el Gobierno respetará el dictamen de la Justicia
El Tribunal Supremo del Reino Unido consideró este martes «ilegal» la suspensión durante cinco semanas del Parlamento adoptada por el primer ministro, Boris Johnson, en circunstancias «excepcionales» por la cercanía del «brexit».
En un fallo histórico y por unanimidad, los once jueces del Supremo concluyeron que la clausura de las dos cámaras -Comunes y Lores– fue «nula y sin efecto», lo que supone una humillación para el primer ministro, que está en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Johnson, que adelantó a la BBC que el Gobierno respetará el dictamen de la Justicia, había solicitado el pasado agosto el permiso de la reina Isabel II para suspender las sesiones del Parlamento desde mediados de septiembre al 14 de octubre, bajo el argumento de que quería presentar una nueva agenda del Gobierno.
La presidenta del Supremo, Brenda Hale, dijo este martes que «la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal, porque tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable».
En declaraciones a la BBC, Johnson dijo que «es un veredicto que respetaremos, respetaremos el proceso judicial», si bien opinó que no consideraba que la decisión de esa corte fuera «la correcta» pero que, «por supuesto, el Parlamento regresará y eso lo respetaremos».
«Lo importante es que continuemos y ejecutemos el ‘brexit’ el 31 de octubre», agregó el líder «tory», que recordó que «hay muchísimas personas que quieren evitar que este país salga de la UE».
«El Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre, pase lo que pase», insistió Johnson, y recalcó que lo importante es obtener un buen acuerdo de retirada con Bruselas, aunque opinó que el dictamen del Supremo «no facilita» la obtención de ese pacto con los 27.
Tras conocerse el inequívoco fallo, el presidente de los Comunes, John Bercow, adelantó que las sesiones parlamentarias continuarán mañana, a las 10.30 GMT, y avanzó que si bien no habrá sesión de preguntas al primer ministro en los Comunes, se dirimirán cuestiones urgentes y solicitudes de debate con carácter de urgencia.
La proximidad con la fecha pactada con Bruselas para la ejecución del «brexit», el 31 de octubre, generó indignación entre todos los sectores contra Johnson, quien ha dejado claro que preferiría estar «muerto en una zanja» que pedir una prórroga de la retirada.
Para llegar a las conclusiones de hoy, los magistrados del Supremo examinaron dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que previamente consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
En medio de una enorme expectación, la presidenta de esa corte enfatizó que esa «suspensión prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre».
«El Parlamento, y en particular la Cámara de los Comunes como representantes electos de los ciudadanos, tienen el derecho a tener voz en cómo se produce ese cambio. El efecto sobre los fundamentos de nuestra democracia fue extremo», remachó con dureza la jueza.
El implacable veredicto desató un reguero de reacciones, entre ellas llamamientos de dimisión al «premier».
En una intervención especial desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton (sur de Inglaterra), Jeremy Corbyn, líder de la formación, instó a Johnson a «reconsiderar su posición» al frente del Ejecutivo al tiempo que la «número uno» liberaldemócrata, Jo Swinson, remarcó que el fallo demuestra «lo que todos sabíamos, que Boris Johnson no es apto para ser primer ministro».
Durante el proceso judicial planteado por la activista anti «brexit» Gina Miller, y secundado por el exprimer ministro conservador John Major, se alegó que la longitud excepcional del periodo de suspensión era una «clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento».
Frente a esa querella, la defensa de Johnson mantuvo que su decisión obedeció a una prerrogativa del Ejecutivo y fue una decisión «inherente y fundamentalmente política por naturaleza» sobre las que no debería interferir la Justicia.
«La de hoy no es una victoria para una sola causa o un individuo, se trata de una victoria para la soberanía parlamentaria, la separación de poderes y la independencia de nuestros tribunales británicos», afirmó pletórica Miller.
En cuanto al segundo caso, en Escocia, presentado por un grupo de 75 parlamentarios encabezados por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, se argumentó que la suspensión parlamentaria respondió a «motivos espúreos» destinados a evitar el escrutinio de las cámaras.
