Venezuela y Cuba, los peor librados en libertad de prensa en las Américas
Gonzalo Domínguez Loeda
La degradación de la libertad de prensa en Venezuela y su ausencia en Cuba fueron destacadas este sábado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como sus grandes preocupaciones en la reunión de mitad de año que celebra en Medellín.
A lo largo de la segunda jornada del encuentro el organismo presentó los informes de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, en los que se analiza la situación de cada país del continente que serán aprobados mañana en el cierre de la cita.
Buena parte de la atención estaba centrada en el informe de Venezuela que fue presentado casi al final del día por el presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero.
«En términos generales, si comparamos lo ocurrido entre abril de 2016 y marzo de 2017 y los meses siguientes con los hechos acumulados en este periodo, la conclusión es inequívoca, las agresiones se han multiplicado», afirmó el periodista venezolano al subir al estrado.
Según explicó, la primera conclusión que se observa al analizar la situación que se vive en Venezuela, es que existe «una política de Estado» contra la prensa porque las agresiones que sufren a diario «no ocurren de forma aislada o accidental» sino que obedecen a «todo un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular».
Otero explicó que el ensañamiento es tal que los hechos revelan «de manera elocuente» la instrucción a los diferentes cuerpos de seguridad para que «amenacen, insulten, amedrenten, golpeen, roben y detengan a los periodistas por cualquier causa o circunstancia».
Entre los detalles más graves que presenta el informe, también se incluye que están utilizando tribunales militares para encarcelar y enjuiciar a civiles, incluso a periodistas y a reporteros ciudadanos, «lo que transgrede todas las normas de jurisdicción y de los derechos básicos de cualquier persona».
«En la esfera militar los procesados ingresan en un túnel de desinformación, abusos, desconocimiento de los procesos y se producen graves situaciones de aislamiento», agregó.
En cuanto al informe sobre Cuba, que fue leído por el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, puesto que el periodista que debía hacerlo no pudo salir de la isla para viajar a Medellín, asegura que en materia de comunicación e internet, el Gobierno cubano busca tener «un país mudo, sordo, y ciego».
El informe no es optimista con los cambios políticos en la isla porque considera que a pesar de la próxima salida de Raúl Castro de la Presidencia «no se esperan mejoras», ya que mantendrá el cargo de primer secretario del Partido Comunista.
En cuanto a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de crear un «grupo operativo» para apoyar el acceso de los cubanos a internet y el desarrollo de medios independientes, afirma que la Seguridad del Estado cubano «incrementó la agresividad contra los periodistas no oficialistas».
Pese a esa dura situación, la prensa independiente «procura sobrevivir y crecer» con ciudadanos que firman «con su nombre o bajo seudónimo», destaca el informe.
La SIP también se refirió al manejo de la información con respecto al secuestro el pasado 26 de marzo y posterior asesinato por parte de un grupo disidente de las FARC del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio compuesto por el periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60.
Sobre ese tema, denunció que al Gobierno ecuatoriano le falta transparencia en el manejo de la información sobre la situación que se ha vivido desde el momento de su secuestro hasta hoy, cuando ya se sabe que fueron asesinados pero no dónde están sus cuerpos.
«El Gobierno del presidente Lenín Moreno intentó controlar la información solicitando censura a los medios de comunicación para evitar la difusión del nombre de las víctimas», señala el informe, que explica que esa situación «llevó a los familiares a autorizar la difusión» de las identidades, «en abierto desafío a las recomendaciones» del Ejecutivo.
También es contundente el informe sobre Bolivia, ya que la SIP denunció el acoso y «asfixia financiera» que sufren los periodistas en ese país, donde considera que el afán del presidente Evo Morales de ser reelegido «de manera indefinida» socava los cimientos de la democracia.
«La democracia atraviesa un momento crítico por el interés de ampliar el mandato del presidente Evo Morales de manera indefinida», sostiene el documento.
Aunque la presentación de informes ocupó buena parte de la jornada, se intercaló con dos seminarios, uno acerca de transparencia y acceso a la información en el que participaron Alex Grijelmo, del Grupo Prisa, y Francisco Acuña, del Instituto Nacional de Transparencia de México, y otro de innovación como motor de desarrollo sostenible.
