UE sanciona a 7 funcionarios venezolanos por «torturas» y muerte de capitán Acosta Arévalo
La Unión Europea (UE) materializó este viernes su decisión de sancionar a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela por considerar que están implicados en «torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos», entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
La UE confirmó así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles para ampliar la lista de sancionados en relación con la crisis que atraviesa Venezuela.
Cuatro de los nuevos sancionados «están relacionados» con el fallecimiento de Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.
«La UE confirma su disposición a trabajar en más medidas selectivas para impulsar una transición negociada», indicó en paralelo la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los Veintiocho.
Los sancionados en relación a la muerte de Acosta Arévalo corresponden a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero.
El listado lo completan Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; a Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro; y a Carlos Calderón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por “torturas” y otras violaciones de derechos humanos.
Salida electoral
Se refirió a la petición que hace la UE a Venezuela de una transición que lleve a unas elecciones presidenciales «transparentes y controladas internacionalmente», así como de una «reinstitución de los poderes públicos y un paquete de garantías que permitan una coexistencia política», elementos que Mogherini consideró «esenciales para superar la crisis».
La jefa de la diplomacia de la Unión recordó que este tipo de sanciones selectivas, que afectan por el momento a 25 personas en total a las que se les impide viajar a la UE y se les congelan sus bienes en suelo europeo, «no afectan a la población y pueden revertirse si hay progresos hacia la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela».
En su declaración de hoy, la UE recuerda que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, «confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro del estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país».
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«Esta grave situación (…) no puede ser ignorada», subrayó Mogherini, quien recalcó además que «el impacto regional de la crisis no tiene precedentes» y tiene «graves riesgos para la estabilidad» de la región.
La política italiana subrayó el apoyo de la UE a que haya una «presencia permanente» de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela y un acceso «libre» de procedimientos especiales de las Naciones Unidas en el país.
Mogherini expresó igualmente la preocupación de la UE por la suspensión temporal de las negociaciones facilitadas por Noruega entre el Gobierno y la oposición venezolanos, y pidió que las partes vuelvan a un diálogo «inclusivo, creíble y serio».
Mientras, consideró que es «urgente» atender a la «emergencia humanitaria y social» en Venezuela, y «vital» el incrementar y acelerar una asistencia coordinada, tanto dentro como fuera del país.
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