Tribunal peruano ordena audiencias privadas en juicio por violaciones
Un tribunal peruano decidió seguir en audiencias privadas el juicio oral contra un grupo de exmilitares acusados de violaciones sexuales contra mujeres de las comunidades de Manta y Vilca, en la región andina de Huancavelica, entre 1985 y 1995, informó este miércoles un comunicado oficial.
El colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió continuar el proceso en audiencias privadas «por impedimento legal y a fin de no agravar el estado psicológico» de las víctimas, señaló el comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
«Para tomar esta decisión, el tribunal valoró los informes psicológicos realizados por profesionales de la salud mental a las mujeres agraviadas, que reflejan el nivel de afectación que sufren como producto de las agresiones sexuales», indicó.
Agregó que «bajo un criterio de protección y de legalidad procesal no resulta conveniente exponer públicamente la vida privada de las mujeres agraviadas.»
Sin embargo, el comunicado precisó que el tribunal tomó la medida en respuesta a un pedido de la defensa de las agraviadas para que el juicio oral sea público, mientras que el fiscal y los abogados de los acusados apoyaron que las sesiones sean reservadas.
El comunicado aseguró que para «cumplir con el principio de publicidad» que ordena la ley, el tribunal «brindará las informaciones sobre el desarrollo» del juicio «a las instituciones de la sociedad civil que lo soliciten».
Un grupo de exmilitares peruanos enfrenta desde el pasado 8 de julio el primer juicio oral que se da en el país bajo la acusación de crímenes de lesa humanidad, en la modalidad de delitos sexuales, por presuntamente violar a catorce campesinas durante el conflicto interno entre el Estado peruano y el terrorismo.
La Fiscalía anunció que solicitará penas individuales que oscilan entre los ocho y los dieciocho años de prisión, además de reparaciones civiles que van desde los 100.000 soles (unos 30.000 dólares) al millón de soles (305.000 dólares), aseguraron fuentes de la defensa.
Los abogados de las víctimas solicitaron durante la primera vista oral «flexibilidad ante las agraviadas» ya que «hay muchas que han señalado que quieren ser escuchadas como terapia tras los abusos».
La defensa de los militares, por su parte, consideró «pertinente» que se aplique esa norma procesal «por privacidad» y porque «incurrirán testigos y ellos deben ser protegidos».
Los casos de Manta y Vilca están recogidos en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que concluyó que «los soldados acostumbraban a incursionar en la comunidad y violar sexualmente de las mujeres en sus casas o en la base militar».
El conflicto interno, desarrollado entre 1980 y 2000, dejó más de 69.000 muertos, la mayoría a cargo del grupo terrorista Sendero Luminoso, de los que alrededor de 16.000 permanecen desaparecidos, según el informe la CVR.
