Tribunal africano otorga casa por cárcel a Álex Saab
La orden tiene "efectos inmediatos", aunque se desconoce la reacción de las autoridades caboverdianas al fallo de ese órgano judicial comunitario
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ordenó al Gobierno de Cabo Verde que otorgue en arresto domiciliario al empresario barranquillero Álex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.
La información fue confirmada a la agencia de noticias EFE por una fuente del equipo de defensa del empresario, quien aseguró que, el Tribunal falló a favor de que se termine con el actual régimen de encarcelamiento de Saab.
Luego de una audiencia que tuvo lugar este lunes, la Corte ordenó aliviar la medida contra el barranquillero, al señalar que la Justicia caboverdiana «actuó fuera de su jurisdicción» al momento de detener al empresario el pasado 12 de junio, como parte de la respuesta a la solicitud de extradición impuesta por el Gobierno de Estados Unidos.
«El Tribunal de Justicia de la CEDEAO reconoce así la condición de enviado especial de Álex Saab y la falta de competencia de Cabo Verde para detenerlo y juzgarlo», aseguró la fuente a EFE.
Según esta fuente, la orden tiene «efectos inmediatos», aunque se desconoce la reacción de las autoridades caboverdianas al fallo de ese órgano judicial comunitario, a cuyos estatutos está obligado el país.
Es la primera vez, en casi veinte años de existencia del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, que Cabo Verde es procesado por violar los derechos humanos en su territorio, mientras los demás países de la Comunidad son con frecuencia demandados y condenados en esta corte.
Esta instancia judicial tiene competencia para resolver conflictos no sólo entre Estados, sino también entre ciudadanos y Estados, especialmente en lo que respecta a la violación de los derechos humanos.
Los abogados de Saab presentaron el pasado 5 de octubre una demanda ante el tribunal al considerar ilegal la detención de su cliente. La defensa ya solicitó a las autoridades caboverdianas el arresto domiciliario del empresario aludiendo como motivo su salud, que requiere ciertos cuidados y la atención de un médico.
Detención
Saab fue detenido este 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte), tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
Cuando fue arrestado, la administración de Nicolás Maduro alegó que es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno que estaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
La defensa presentó este noviembre dos recursos -uno desestimado y otro pendiente de resolución- para obtener la libertad del presunto testaferro.
Esos recursos se interpusieron por excederse «el periodo máximo permitido para permanecer en prisión», como alegó el equipo legal del empresario, detenido el 12 de junio y en prisión preventiva desde el día 14 de ese mes.
El exjuez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, afirmó entonces que «el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de ochenta días».
El Gobierno caboverdiano y el Tribunal de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Acusaciones
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla, Colombia, y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a las personas más vulnerables en el país, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Con información de EFE