SIP alarmada por violencia y censura en América Latina
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sonó este martes la alarma por el deterioro de las condiciones de los periodistas en América Latina, donde aumentan los asesinatos de reporteros y se expande una «corriente censuradora» por casi todos los países sin excepción.
Desde muertes violentas en Brasil, México y Guatemala, agresiones en Bolivia, Argentina y Venezuela, o una preocupante concentración de medios por grupos paragubernamentales en Paraguay y Nicaragua, la SIP dibujó un negro panorama para los periodistas en las conclusiones de su 71º Asamblea General realizada en Charleston, sureste de EEUU.
A la organización que reúne a dueños y editores de medios del continente le preocupa «la violencia que no cesa contra medios y periodistas», indicó Carlos Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior de Córdoba, encargado de leer las conclusiones al cierre de cinco días de deliberaciones.
En tan solo seis meses, de marzo a septiembre, la SIP ha contabilizado 11 asesinatos de periodistas, en Brasil (3), México (3), Guatemala (2), Colombia (1), Honduras (1) y República Dominicana (1).
A este paso, se podrían superar las cifras del año 2014 de 21 muertes violentas de reporteros.
En un resolución separada, la SIP llamó a los gobiernos de los países donde hubo asesinatos a arrestar a los culpables y revisar los mecanismos de protección de periodistas.
Otros países fueron escenario de «agresiones físicas, atentados, coacciones o amenazas contra periodistas y medios», prosiguió Jornet.
Destacó la encarcelación de tres periodistas por denunciar corrupción administrativa en Bolivia, así como la represión contra corresponsales durante cobertura de procesos electorales, en Guatemala y Argentina, o al reportar conflictos sociales, en Perú, Ecuador y Brasil.
Venezuela mereció mención aparte, ya que en el país, «donde se consolida un totalitarismo comunicacional de Estado», se han registrado este año «287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitación del acceso a la información», señaló Jornet.
La SIP criticó también que el gobierno de Nicolás Maduro haya rechazado devolver la frecuencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), cancelada en 2007, contraviniendo una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los atropellos contra la prensa son parte del «deteriorado contexto social e institucional» de Venezuela, agregó la SIP en una resolución separada.
Ningún país a salvo
Ecuador también fue blanco de las críticas de la SIP, que afirmó que 2015 ha sido el año «más violento» por la cantidad de agresiones a periodistas. Asimismo, repudió la Ley de Comunicación, que a su juicio ha servido al gobierno de Rafael Correa como «instrumento para restringir la libertad de expresión».
En Cuba, se constatan «pocos avances» para la libertad de expresión y prensa, pese al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, señaló la SIP en sus conclusiones.
«Ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como una inmensa mancha de aceite», lamentó, ya sea por medio de leyes que buscan controlar el libre flujo de información, restricciones a los datos públicos o la asfixia de medios a través de la asignación discriminatoria de la publicidad oficial.
Incluso en Estados Unidos fueron detenidos temporalmente varios periodistas que cubrían en agosto de 2014 las protestas por la muerte de un joven negro en Ferguson, Misuri (centro), subrayó la SIP.
También preocupa a la SIP la concentración de medios por grupos paragubernamentales, como en Paraguay, donde un grupo empresarial ligado al presidente Horacio Cartes adquirió varios medios, o en Nicaragua, donde solo quedan una cadena, una radio y un diario independientes y el resto «es propiedad de la familia (del presidente Daniel) Ortega o allegados».
Durante la conferencia de la SIP, en la que participaron 300 dueños de medios y periodistas y personalidades como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, se designó al estadounidense Pierre Manigault para que presida la organización hasta la reunión de 2016, en Ciudad de México.
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