Sancionados tres altos cargo del gobierno de Ortega por parte de EEUU
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, así como contra el vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López; y Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua.
El objetivo de las sanciones es «enviar un mensaje» al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que «apoyar a un Gobierno que instiga la violencia» tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, explicaron altos funcionarios de Estados Unidos, que pidieron el anonimato.
Los individuos sancionados verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.
En una rueda de prensa telefónica, los altos funcionarios de EEUU precisaron que las sanciones son una «respuesta inmediata» a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 300 muertos y más de 2.500 heridos.
Los funcionarios describieron a Francisco Díaz como el «líder de facto» de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares.
EEUU considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales.
Sobre otro de los sancionados, Moreno Briones, los responsables de EEUU detallaron que su papel actual es de «enlace» entre los Gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), aunque también ha actuado como «líder» de la Juventud Sandinista.
Washington asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para que ayudaran a reprimir manifestantes, una imagen que se ha visto en las actuales protestas.
Por otro lado, EEUU acusa a López de haberse embolsado «grandes cantidades de dinero» usando su posición como vicepresidente de Albanisa, la compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic).
Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49% del capital, y por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que contribuye con el restante 51%.
López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.
