¿Qué podría pasar en la segunda audiencia «Curcio» de los Flores?
Por Maibort Petit
@maibortpetit
La fiscalía de Nueva York, a cargo de Preet Bharara, solicitó a la corte del Distrito Sur la realización de una segunda audiencia «curcio» en el caso criminal que se le sigue a Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, acusados de conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos.
El objetivo de la llamada audiencia Curcio es asegurase de que los acusados estén plenamente conscientes de las consecuencias de retener dos bufetes de abogados pagados por una sola persona, lo cual puede crear un potencial conflicto de intereses.
La primera audiencia curcio de este caso se celebró el 12 de mayo de 2016.
En esa oportunidad los fiscales federales Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley entregaron al juez un cuestionario para ser respondido por ambos acusados en los que dejaban claro que entendían la naturaleza del posible conflicto, ante lo cual debían renunciar a futuras acciones ligadas a ese tema.
El gobierno advirtió que la persona que estaba haciendo frente a los gastos legales de Campos Flores y Flores De Freitas podría estar influyendo en la causa, y en especial en la estrategia de los abogados.
El 4 de octubre, la fiscalía pidió la realización de una segunda audiencia curcio para advertir un posible conflicto de intereses, derivado del hecho de que las cuotas legales para ambos acusados en este caso están siendo pagadas por Wilmer Ruperti, un empresario que expresó que hacía los razones políticas. Recientemente, el pagador de las facturas de la defensa recibió contratos millonarios por parte de la empresa estatal venezolana, Pdvsa, propiedad del Estado, frente cuya cabeza se encuentran los familiares directos de los dos acusados.
La solicitud de la audiencia curcio estuvo acompañada por copias de una entrevista publicada por The Wall Street Journal en la cual Ruperti asegura que paga la defensa por razones patrióticas, ya que la pareja presidencial estaba trastocada por el caso de su sobrino e hijastro.
Dijo que lo hacía porque Venezuela requiere que el presidente esté tranquilo. Asimismo, Ruperti aseguró que este caso forma parte de las acciones de desestabilización que EEUU acomete contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La fiscalía insiste que los abogados de cada acusado enfrentan, como mínimo, un posible conflicto de intereses y que este tercero puede llegar a «influir en una estrategia global de defensa que no está en el interés de uno o ambos de los acusados». Asimismo sostienen que es posible que el benefactor (Wilmer Ruperti) persuada a los abogados de evitar la búsqueda de reducción de pena por colaboración (Acuerdo de Culpabilidad) o le diga a alguno de los acusados que se abstenga de declarar en su propia defensa.
Una audiencia Curcio determina si los abogados pueden dar una adecuada representación legal en tanto el proceso judicial se encuentra en marcha y si puede haber algún interés proveniente de terceras partes que afecten al desarrollo del juicio.
La audiencia busca como objetivo informar a los acusados sobre su derecho a una representación legal libre de conflictos y conocer cuál es la naturaleza de la relación de los primos Flores con el empresario Wilmer Ruperti.
De acuerdo a la jurisprudencia existente en esta materia, las audiencias curcio son herramientas válidas del derecho criminal para conservar el derecho de los acusados a una defensa libre de conflictos, de complicidad y de fidelidad a la persona que paga la defensa.
El gobierno realiza este tipo de audiencias para proteger los derechos de los acusados, y para que los procesados conozcan los posibles conflictos y sepan que tienen el derecho a ser representados por un abogado libre de cualquier conflicto de intereses. Si los acusados deciden seguir con los abogados que representan conflictos, deben renunciar ante el juez para evitar que se genere un tema de apelación en el futuro.
La fiscalía sostiene que los dos acusados tienen el derecho absoluto bajo la Sexta Enmienda de la Constitución, a ser representados por abogados que no tengan ningún conflicto de intereses. Por consiguiente, la intención del gobierno es que Campos Flores y Flores de Freitas decidan si renuncian a la representación de sus abogados por conflicto de intereses o continúan con los mismos bufetes legales, siempre y cuando ambos sepan lo que están haciendo y su elección se hace con los ojos abiertos.
La norma sostiene que es crucial que el abogado de la defensa sea diligente y celoso en la defensa de su cliente. Si existe cualquier conflicto de intereses que cree un incentivo para que el abogado de la defensa se le dificulte llevar a cabo la representación, la corte debe evitarlo.
La fiscalía sostiene que ambos escritorios jurídicos tiene un posible conflicto de interés, dicho conflicto se extiende a los tres abogados de cada firma que participan en la defensa de Campos Flores y Flores de Freitas.
En este caso, el juez Paul Crotty deberá examinar lo expuesto por el gobierno para determinar si existe un riesgo significativo de que la representación del cliente sea materialmente limitada por la representación de los abogados de defensa criminal y por tercera persona que paga los honorarios de los bufetes.
La fiscalía advierte el potencial conflicto de intereses antes de que se vaya a juicio y que los acusados puedan ser condenados, ya que de no haberlo hecho y se se llegara a presentar, dicho conflicto de intereses puede ser elevado directamente a una corte de apelación mediante cualquier procedimiento de control incidental como el hábeas corpus.
Posibles escenarios para la comparecencia
del jueves 13 de octubre de 2016
1) Campos Flores y Flores de Freitas aceptan que puede haber un potencial conflicto de intereses con sus actuales abogados, renuncian al derecho de una representación libre de intereses y a ejercer futuras apelaciones en base al conflicto. Igualmente aceptan que Wilmer Ruperti puede influir de manera directa en la estrategia de la defensa lo cual puede perjudicarlos en el proceso criminal que se les sigue. Bajo este escenario todo sigue igual. El calendario procesal se mantiene y el juicio empezaría el 7 noviembre tal cual está previsto.
2) Campos Flores y Flores de Freitas deciden renunciar a la representación que plantea posibles conflictos de intereses. Ante ello, aceptarían la consejería de un abogado público designado por la Corte. El proceso requiere nuevas prórrogas para que los abogados públicos reciban los materiales del descubrimiento y el calendario procesal se amplié por unas semanas o meses.
