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Puigdemont pide una lista unitaria para elecciones regionales catalanas

El expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, hizo un llamamiento a conformar una lista unitaria del independentismo para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, una petición que no encaja del todo en los planes de sus antiguos socios en el Gobierno autonómico catalán.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Puigdemont, contra quien la Justicia española emitió este viernes una Órden Europea de Detención y Entrega (OEDE), aseguró que es el momento de que «todos los demócratas se unan por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y por la República».

Poco después, sus socios en la coalición Junts pel Sí (JxSí), la izquierda republicana (ERC), a la que pertenece el exvicepresidente regional Oriol Junqueras, en prisión desde el jueves, anunciaron que concurrirán a los comicios con una lista independentista unitaria sólo si ésta aglutina a todo el soberanismo catalán.

ERC celebró este sábado su consejo nacional, en el que, además, exigieron la puesta en libertad de los que consideran «presos políticos» a fin de que todas las opciones puedan participar en las elecciones autonómicas, convocadas por el Gobierno español como parte de las medidas para devolver a la legalidad a Cataluña, «en igualdad de condiciones».

«No podemos ir a elecciones con los principales líderes políticos y sociales del independentismo en prisión», dijo la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Desde las filas radicales del independentismo, la formación CUP anunció que será en la asamblea nacional de su partido, el próximo 12 de noviembre, cuando se decida si los antisistema concurrirán o no a esas elecciones regionales.

Elección

Algunos de los partidos constitucionalistas valoraron también la petición de Puigdemont desde Bruselas.

El líder del gubernamental Partido Popular (PP-centroderecha) en Cataluña, Xavier García Albiol, la calificó de «surrealista», mientras que el de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, apostó por acabar con las «líneas divisorias» trazadas por el «separatismo» en esa comunidad autónoma española.

Para apoyar su llamamiento a conformar una lista unitaria, Puigdemont difundió un manifiesto y una recogida de firmas en Internet, que enseguida reunió casi mil apoyos en favor de un documento que asegura que «las elecciones (autonómicas catalanas) impuestas por el Gobierno español», son una elección entre la «democracia y la imposición» entre los partidos soberanistas y los «destructores del autogobierno».

Todos los que el 1 de octubre (fecha en la que se celebró el referéndum independentista ilegal en Cataluña) acudieron a «defender las urnas contra el secuestro y la violencia policial» deberían, según el manifiesto, apoyar «esta alianza» y la «unidad de acción más allá de unas siglas».

El documento denuncia una supuesta «persecución judicial y el linchamiento personal» instigado por el «nacionalismo español» y que los exconsejeros y los miembros del la Mesa del Parlamento catalán (su órgano de gobierno) son «hoy perseguidos por las ideas políticas que defienden» y no por su pertenencia a uno u otro partido.

El PDeCAT (al que pertenece Puigdemont) abogó este viernes por una «lista de país», al tiempo que su líder aseguraba desde Bruselas que está dispuesto a ser candidato en las elecciones autonómicas, incluso «desde el extranjero».

Puigdemont viajó a Bélgica el pasado lunes, donde supuestamente permanece junto a cuatro exconsejeros de su gabinete.

La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó este viernes la detención de todos ellos, al no acudir a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

En relación a la orden, Puigdemont señaló en otro tuit, que él y los exconsejeros están preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga.

Otros ocho integrantes del Gobierno regional cesado, incluido el exvicepresidente Junqueras, permanecen en prisión preventiva desde este jueves, acusados de los mismos delitos.

El abogado de varios de ellos denunció el trato «vejatorio» que recibieron antes de su entrada en la cárcel, y señaló que, en cualquier país democrático, el ministro de Interior debería «dar la cara» e incluso dimitir.

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