Problemas de Petrobras hacen peligrar a la economía brasileña
La política brasileña se ha visto sacudida por las revelaciones del escándalo de Petrobras, sobre la existencia de una red de corrupción empresarial y política en la primera empresa del país. Las consecuencias, sin embargo, exceden el ámbito político. La grave situación financiera de la compañía y su importancia para la actividad del país ponen en jaque a la economía brasileña y, con ello, al Gobierno de Dilma Rousseff.
Petrobras afronta la coyuntura más angustiosa de sus 62 años de historia. La presión conjunta de un plan quinquenal de inversiones por valor de 221.000 millones de dólares (204.981 millones de euros), una deuda escalofriante de 130.000 millones de dólares (120.576 millones de euros) pese al boom del petróleo de los últimos años y la abrupta caída del precio del crudo han diezmado el valor de la empresa. Su valor en Bolsa ha caído un 35% desde que, hace ahora un año, la Policía Federal activó la operación Lava Jato por corrupción a gran escala. La caída del real brasileño a su nivel más bajo desde 2004 dificulta aún más el pago de la deuda de la petrolera, buena parte de ella en dólares.
El primer problema de la compañía es su incapacidad para presentar un balance verosímil y auditado de las cuentas, ante la negativa de sus auditores de PwC a firmar el informe desde junio del año pasado. No se sabe cuánto dinero se ha desviado en estos años para pagar comisiones y sobornos. La expresidenta de Petrobras, Graça Foste, llegó a cifrar las pérdidas derivadas de la corrupción en 31.000 millones de dólares (28.753 millones de euros), extremo negado por su sucesor. El plazo para presentar las cuentas termina el próximo día 30 y si no hay cuentas auditadas para entonces, ello implicaría una violación de los acuerdos con sus acreedores y podría propiciar una suspensión de pagos técnica.
Es ahí cuando, ante su carácter de empresa estatal, se da por hecho algún tipo de ayuda pública y, dadas las dimensiones de la empresa, un rescate público dispararía el déficit, pondría en riesgo la calificación crediticia del país y amenazaría la sostenibilidad de una economía que ya se encuentra en números rojos.
