Presidente de Panamá anunció cierre ordenado y seguro de la mina tras publicar el fallo

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que en cuanto reciban la comunicación formal del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró «inconstitucional» el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), lo publicarán en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso para «un cierre ordenado y seguro» de la mina.

«Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo (…) se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial, y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina«, afirmó Cortizo en una nueva declaración televisada a la nación durante esta crisis por la ratificación exprés el pasado 20 de octubre del contrato ley, que desencadenó las mayores protestas en décadas en el país.

El presidente panameño advirtió sin embargo que «por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales«, cada decisión que se adopte «como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa».

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.

La mina destacó este martes, tras informar que «revisará el contenido del fallo», que el impacto de sus operaciones en la economía del país es mayúsculo, al contribuir con más de 50 millones de dólares «por semana», equivalente al 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá.

Además, según la empresa, emplean directamente a más de 7.000 personas y 33.000 de manera indirecta, aportando casi 20 millones de dólares por semana a proveedores locales.

El pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema, encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias, declaró por «unanimidad» la inconstitucionalidad del contrato ley, en respuesta a dos recursos presentados.

«Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», declaró la presidenta acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo.

El presidente panameño destacó en su discurso a la nación que con el fallo «queda demostrado que la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia, siempre que esa administración de justicia sea independiente, imparcial y que no dependa de ningún presidente».

Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, que ha dejado cuatro muertos, un paro docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800.000 estudiantes, y un descalabro económico por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos, que empezaron ya a levantarse ampliamente.