¿Por qué la condena de los sobrinos presidenciales fue baja?
La condena de 18 años de prisión sin beneficios dictada por el juez Paul Crotty a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ha generado una serie de especulaciones que van desde que los referidos acusados negociaron con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hasta que el juez recibió pagos por parte del gobierno venezolano.
Lo ocurrido el jueves 14 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York corresponde a un acto de justicia ordinaria y que se ajusta a los parámetros establecidos en las normas procedimentales del derecho norteamericano.
De acuerdo al reporte anual de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos del año fiscal 2016, el 20.8 por ciento de las sentencias impuestas en las cortes federales estuvieron por debajo del rango establecido por las pautas federales, en comparación con el 21.3 por ciento en el año fiscal 2015.
En opinión del abogado, Carlos Pérez, experto en justicia criminal, el magistrado Crotty actúo ajustado a lo establecido en las atribuciones que el Tribunal de Justicia de los Estados Unidos les otorgó a los jueces federales en el año 2007, en lo relacionado a su papel central tradicional en la sentencia penal.
Explica el letrado que los jueces de distrito tienen amplia discreción para imponer lo que creen que son sentencias razonables, incluso si las pautas federales exigen que las condenas sean mayores, como ocurrió con el caso de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.
En la causa de Campo Flores y Flores de Freitas la fiscalía expuso en su solicitud ante la corte que los dos acusados debían ser sentenciados a cadena perpetua, motivado a que los agravantes que presentaron mostraban que ambos tenían una conducta criminal, y que se habían aprovechado de sus conexiones políticas para traficar grandes envíos de cocaína a los Estados Unidos. Como mínimo, los fiscales habían pedido 30 años de prisión y multas que iban entre los 50 mil a los 10 millones de dólares.
Por su parte, la defensa de los acusados había exigido al juez una sentencia máxima de 10 años. Los abogados hasta el último momento negaron la gravedad de la ofensa y culparon a los informantes corruptos de la DEA de haber sido quienes empujaron a los acusados a cometer el delito y quienes —además— habían establecido todos los elementos para que los familiares de Cilia Flores fueran procesados por narcotráfico, incluyendo el monto de la droga de la conspiración.
A pesar de que durante la audiencia de argumentos que se celebró el 3 de octubre de 2017, el juez Crotty reconoció que el nivel de ofensa era 44, según la Guía de Sentencias Federales, al momento de tomar su decisión usó su libre albedrío, en lugar de apegarse a las directrices que sugerían una sentencia mucho más larga por el delito por el cual fueron procesados los primos Flores.
Antes de 2007, los jueces de distrito estaban obligados a seguir el sistema de directrices federales sobre sentencias, tal cual lo establecía la Ley de Reforma de Sentencias de 1984, cuya rigurosidad disminuyó, por un largo período, el papel de los jueces federales como centro de las sentencias penales.
Pérez explica que los jueces no pueden imponer sentencias por encima del rango escrito por el Congreso o las legislaturas estatales, pero luego de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2007, los magistrados tienen una amplia discreción para imponer sentencias más altas o más bajas de las que establecen las pautas.
En la jurisprudencia a la que hace referencia Pérez se plantea que las directrices federales sobre sentencias podrían ser constituciones sólo en términos de guía pero que no son obligatorias. En el documento emitido por la Corte Suprema de Justicia, se sugiere que las cortes de apelación deben revisar las condenas que sean consideradas inapropiadas, basados en la “razonabilidad”.
El experto aclara que si bien los jueces deben consultar las pautas, “son solo un factor entre otros y no tienen ningún peso especial, es decir, son como un punto de inicio referencial”.
Al momento de tomar la decisión, el juez Crotty dijo que la petición del gobierno de sentenciar a Campo Flores y Flores de Freitas a cadena perpetua no era razonable y que el término de las directrices más altas sería inapropiado. En este caso —opina Pérez— para el magistrado las pautas sólo fueron un factor en la evaluación individual que hizo del caso, pero no le otorgó un peso suficiente que algunos magistrados le dan al rango que establecen dichas pautas.
Así, en lugar de dictar a los acusados cadena perpetua o 30 años de encarcelamiento, como lo dictaban las directrices, el juez decidió darle una sentencia de 216 meses de prisión sin beneficios.
Vale destacar que según el experto, una condena de 18 años por el delito cometido por los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela se ajusta bastante a las establecidas por otros jueces de distrito en los últimos años.
Señala que hay factores que influyen en que las sentencias por delitos relacionados con cocaína y armas hayan disminuido en los últimos tiempos, y que se hayan alejado de los parámetros establecidos en las directrices establecidas en el siglo pasado.
Pérez asegura que los fiscales siempre actúan buscando una mayor condena y, por lo general, sostienen que los jueces no deberían tener la discreción de apartarse de las directrices, pero motivado a que hay una decisión del máximo tribunal deben aceptar la discrecionalidad de los jueces del primer circuito.
Otro aspecto a tomar en cuenta para entender este asunto es que el hecho que en los últimos años, aproximadamente el 97 por ciento de los acusados por delitos de narcotráfico se declaran culpables, lo que conlleva a una sentencia promedio de 5.4 años de cárcel, mientras que el 3 por ciento que va a juicio, por lo general son sentenciados a 16.8 años de prisión.
Beneficios para los acusados
De acuerdo a las estadísticas de los últimos años —publicadas por la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos— los acusados se benefician más cuando los jueces se apartan de las pautas. Las condenas por debajo de las directrices en el año 2016 se han dado en 20.8 por ciento de los casos. Un 79.2 por ciento de todas las sentencias impuestas están dentro del rango de las pautas aplicables, por encima o por debajo del rango a petición del gobierno.
Datos estadísticos de las sentencias del 2016
Dicen las estadísticas oficiales que menos de la mitad (48.6 por ciento) de todos los casos fueron sentenciados dentro del rango de pautas y que la tendencia es a la disminución.
Entre otros datos interesantes que da a conocer el informe del año fiscal 2016 sobre los delincuentes sentenciados por tráfico de drogas, se señala que el 84.9 por ciento de los condenados son hombres. Asimismo llama la atención que el 50 por ciento de los criminales que trafican con cocaína eran hispanos (50.7%) seguido negros (23.6%), blancos (22.8%) y otras razas (2.9%).
Las estadísticas también muestran que la edad promedio de los delincuentes sentenciados fue de 36 años y más de la mitad (49.4%) tenían poca o ninguna historia criminal previa, es decir, asignado a la Categoría de historial criminal I.
El reporte del gobierno muestra que en 2016 se incrementaron las sentencias de narcotraficantes que envolvieron posesión de armas durante el delito en un 17.8 por ciento, y un 7.6 de los acusados tenían rol de líderes o supervisores en el delito.
En el año fiscal 2016, el 44.5 por ciento de los infractores de drogas fueron condenados por una ofensa que conlleva una multa mínima obligatoria, en comparación con el 62.2 por ciento de los delincuentes por drogas que fueron condenados en el año fiscal 2013. Los sobrinos del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores no calificaron para este beneficio procesal.
