Policías matan, torturan y quedan impunes en Rio, afirma Human Rights Watch
La policía del estado de Rio de Janeiro mató a más de 8.000 personas en la década pasada, en gran parte en ejecuciones extrajudiciales aún impunes y que tornan casi imposible la difícil tarea de ser un policía honesto.
Un largo informe de la ONG ‘Human Rights Watch’ divulgado este jueves denuncia decenas de ejecuciones de parte de quienes deben proteger a la población y la impunidad de estos crímenes a menos de un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Rio, el 5 de agosto.
Solo el año pasado, la policía del estado de Rio mató a 645 personas. HRW logró identificar 64 casos en los últimos ocho años en los que agentes intentaron encubrir matanzas ilegales y murieron 116 personas, incluidos al menos 24 niños.
«Matar a criminales era requerido por mis superiores como forma de mostrar un buen desempeño», dijo a HRW uno de los más de 30 policías entrevistados para el informe, que no dan su nombre por temor a mortales represalias de sus colegas.
El agente contó que participó en operaciones para matar a narcotraficantes con la meta de disminuir la criminalidad, y que algunos de sus colegas también secuestran narcos, obtienen botines y luego los matan.
Para esconder los crímenes, los policías a veces colocan armas o droga cerca o en manos de las personas que han matado. Y en ocasiones amenazan a testigos para que no cuenten la verdad.
En 2011, por ejemplo, torturaron y mataron al hijo de 14 años de una testigo de una ejecución en la favela de Salgueiro para intimidarla, dijeron fiscales a HRW.
Por cada policía que murió en servicio en 2015, la policía mató a 24 civiles, una tasa que más que duplica la de Sudáfrica y más que triplica la de Estados Unidos.
«El buen policía tiene miedo»
Los abusos cometidos por algunos policías colocan a toda la fuerza en peligro y tornan todavía más peligroso su trabajo en favelas aún dominadas por el narcotráfico, advirtió HRW.
La llegada de las Unidades de Pacificación Policial (UPP) a las favelas de Rio -que comenzó en 2008, tuvo éxito en su inicio y ahora se tambalea- ha sufrido entre otras cosas por la intensa desconfianza de la población en sus agentes.
«La esencia del proyecto de las UPP es la confianza entre la policía y la comunidad. Y si hay policías matando a miembros de la comunidad, ¿cómo vamos a tener una policía comunitaria? ¡Es imposible!«, dijo César Muñoz, investigador de HRW a cargo del informe.
A raíz de los abusos policiales, los habitantes de las favelas no alertan a la policía del peligro, y los propios delincuentes no se rinden si sospechan que van a ser torturados o asesinados.
La situación es especialmente complicada para los policías que viven en las favelas, que esconden su identidad y su verdadero empleo de los vecinos y no pueden ni siquiera llevar el uniforme a lavar a casa por miedo a que los narcos los maten.
Pero también denunciar a colegas corruptos puede implicar la muerte.
«El policía que quiere hacer bien su trabajo en Rio de Janeiro tiene miedo. Tiene miedo más de sus colegas policías que de los criminales. Porque si se atreve a denunciar un acto delictivo por parte de policías -corrupción, ejecuciones, tortura- corre peligro de muerte», explicó Muñoz a la AFP.
Más de 50 agentes han muerto en Rio en lo que va de 2016. Sus viudas han organizado una protesta para el domingo próximo en la playa de Copacabana.
Que la fiscalía despierte
El fiscal general del estado de Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira, dijo a la ONG de defensa de los derechos humanos que un gran porcentaje de los tiroteos reportados por la policía fueron «simulados», pero admitió que su despacho ha denunciado solo «un muy pequeño» número de homicidios cometidos por la policía.
Vieira acusa a la policía civil, encargada de investigar los homicidios, de no realizar bien su tarea.
Pero HRW asegura que «la responsabilidad por poner fin a esta impunidad últimamente recae sobre la oficina del fiscal general de Rio de Janeiro, que tiene autoridad legal para supervisar el trabajo de los investigadores policiales, así como de llevar a cabo sus propias investigaciones».
«Hay falta de interés, de voluntad. La fiscalía se durmió y precisa despertar», sostuvo Muñoz.
De los 64 casos identificados por HRW, solo ocho fueron a juicio, y apenas cuatro terminaron con el encarcelamiento de policías involucrados en asesinatos.
La ONG saludó no obstante algunas iniciativas recientes, como la creación hace seis meses de un grupo de fiscales que solo se dedicará a denunciar abusos cometidos por policías y en las cárceles, y un programa piloto que obliga a los policías a trabajar con cámaras de video instaladas en sus ropas.
