Perú se prepara para recibir a 21 mandatarios en la Cumbre de las Américas
Perú se preparaba hoy para recibir a los representantes de 31 Estados de la región y al menos 21 jefes de Estado en la VIII Cumbre de las Américas, que este año estará dedicada a debatir sobre la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción.
A partir del martes, Lima se convertirá en sede de una serie de encuentros de la sociedad civil, organizaciones indígenas, sindicatos, jóvenes, parlamentarios y empresarios, previos a la Cumbre de las Américas que congregará a los mandatarios y autoridades políticas los próximos viernes 13 y sábado 14.
El Gobierno peruano estima que unas 2.000 personas asistirán a los encuentros preparatorios para la cumbre y que igual número de periodistas informarán sobre su desarrollo.
Paradójicamente, Perú es uno de los países de la región más golpeados por la corrupción en las últimas décadas, dado que casi todos sus mandatarios desde 1990 hasta la actualidad han sido investigados o procesados por ese flagelo.
El exmandatario Alberto Fujimori fue sentenciado por varios casos de corrupción e indultado en diciembre pasado por su condena por delitos de lesa humanidad, mientras que Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski son investigados actualmente por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
En opinión del canciller peruano, Néstor Popolizio, la reciente renuncia de Kuczynski a la Presidencia de Perú y la asunción de su exvicepresidente Martín Vizcarra no ha afectado la organización de la cumbre porque han recibido la confirmación de 31 delegaciones y 21 gobernantes.
«Eso significa que hay una confianza y reconocimiento del liderazgo regional de Perú. Además un respaldo a lo que ha vivido constitucionalmente», comentó en entrevista con el diario Perú21.
Los jefes de Estado debatirán la declaración de Lima en la que se propone, entre otros puntos, establecer un intercambio fluido entre las Unidades de Inteligencia Financiera y una cooperación judicial más ágil para luchar contra la corrupción y la impunidad.
Asimismo, transparencia y acceso a la información, participación de la sociedad civil, seguimiento de la gestión gubernamental, educación en valores democráticos, financiamiento de organizaciones políticas, creación de cuerpos especializados anticorrupción, entre otros temas, según detalló el canciller.
