Padres de 43 jóvenes de Ayotzinapa agradecen a Venezuela llevar caso a la OEA
Un grupo de padres de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en el sur de México se manifestaron en las inmediaciones del hotel sede de la 47 Asamblea General de la OEA para agradecer a Venezuela que lleve ante ese foro el caso de sus hijos.
«Venimos para agradecer y expresar nuestra solidaridad a la canciller venezolana», Delcy Rodríguez, quien presenta ante la Asamblea General que arranca en el balneario mexicano de Cancún el caso de los 43 jóvenes que desaparecieron en Iguala (Guerrero), dijo a EFE el portavoz de los padres, Felipe de Jesús de la Cruz.
Señaló que otros países como Venezuela están más preocupados por el caso de los alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa que el propio Gobierno mexicano, que hacia afuera se presenta con una «máscara» de respeto a los derechos humanos cuando la realidad es otra.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, Rodríguez podría presentar una propuesta de resolución sobre este asunto espinoso para el país anfitrión, como una estrategia para defenderse ante el liderazgo que México ha asumido para sacar adelante una declaración sobre la crisis que atraviesa Venezuela.
Unas 60 personas, entre ellos ocho padres de los 43, se congregaron desde muy temprano a las afueras del Moon Palace, que entre este lunes y miércoles acogerá la Asamblea General de la OEA en medio de fuertes medidas de seguridad.
Alrededor de unos 300 agentes de seguridad impidieron la entrada de los manifestantes por el acceso principal al hotel, ubicado a las afueras de Cancún, aunque hubo momentos de tensión y jaloneos entre las partes.
De la Cruz contó que mañana los padres comenzarán en Campeche una caravana por los estados del sureste del país, que concluirá el 1 de julio en Chiapas, para «mantener vivo su movimiento».
«El Gobierno no nos va a decir la verdad (sobre lo ocurrido a los estudiantes), se están encubriendo entre ellos», denunció.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos que los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.
Esta versión ha sido cuestionada por los padres de las víctimas y por organismos internacionales, entre ellos un grupo de expertos de la CIDH que denunció irregularidades y debilidades en la investigación oficial y considera científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.
