Padres «Ayotzinapa» rechazan cierre del caso

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del Procurador General de México. El fiscal aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.

En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver – y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos.

«No creemos en nada de lo que dicen», dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecido, Jorge Cruz, de 19 años. «No vamos a permitir que esto se cierre».

El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó un argumento de diez puntos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes. Las pruebas de ADN solo lograron identificar los restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio, y el laboratorio de Innsburck, Austria, donde se realizaron expidió un documento que dice que no se puede identificar al resto de las víctimas.

Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El gobierno mexicano «tendrá que responder por estos hechos», dijo.

Esta era la primera vez que el Procurador General de México, Murillo Karam, afirmaba que todos los estudiantes están muertos a pesar de la ausencia de identificación.

Murillo Karam dijo que las muestras tomadas en el lugar de los hechos, un barranco de unos 800 metros de diámetro a unos ocho kilómetros del poblado de Cocula, donde se habría encendido una hoguera por un grupo de sicarios para quemar los cuerpos.

El fuego alcanzó temperaturas extremas en la fogata que incluía gasolina, diésel, acero de llantas y que demuestran, «de manera contundente», según la versión oficial, que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que quedaran restos que permitieran su identificación.

«Los peritajes, testimonios, confesiones…. y muchos otros elementos aportados en la investigación nos permiten llegar sin lugar a dudas a saber que fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al Río San Juan», dijo Murillo Karam. Podemos «llegar, sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad privados de la vida, incinerados y arrojados al río san Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente».

La investigación de la Procuraduría recabó 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos, que han propiciado 99 detenciones entre las que se incluyen casi a la totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, al alcalde de Iguala y a su esposa.

Parece poco probable que las explicaciones y evidencias presentadas por Murillo Karam el martes acallen la polémica y las dudas que existen sobre el caso ante la opinión pública mexicana. La Procuraduría ha sido criticada por los padres de los estudiantes, expertos en incendios, y organizaciones sociales, entre otros.

Los padres y quienes les acompañan aún continúan protestando y buscando a sus hijos además de reclamar que se investigue al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. La última marcha, de hecho, tuvo lugar en ciudad de México en la víspera.

«Prácticamente ellos dieron la misma historia que habían dado hace dos meses. No hay muchos detalles adicionales», dijo el analista Alejandro Hope. «Ellos están buscando cerrar el caso, pero no estoy seguro de que vayan a conseguirlo».

Preguntado sobre una eventual investigación al exgobernador Aguirre, Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dijo a la AP que «estamos trabajando en eso. Sigue abierto».

Los normalistas habían llegado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre a recaudar dinero y a apropiarse de unos autobuses con los que pretendían acudir a una protesta en la capital mexicana.

El alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, quien junto con su esposa María Ángeles Pineda son vinculados al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos por las autoridades, habrían dado la orden a la policía municipal de detenerlos y hacerlos desaparecer, luego de que un grupo de los estudiantes se enfrentara con ellos a piedras.

Según las autoridades, los estudiantes fueron confundidos con «Los Rojos», banda rival de Guerreros Unidos.

Después de varios tiroteos, en respuesta a las pedradas, que dejaron seis muertos, los 43 estudiantes fueron detenidos y trasladados en varios vehículos policiales de Iguala, con apoyo de agentes y vehículos oficiales llegados a la vecina Cocula, hasta un lugar a las afueras de Iguala, donde sicarios de Guerreros Unidos se hicieron cargo de ellos.

Según Murillo Karam, Felipe Rodríguez Salgado, alias «El Cepillo», jefe de sicarios de Guerreros Unidos, fue el encargado de ejecutar el asesinato e incineración de gran parte de los estudiantes. El sicario fue detenido el 15 de enero en México luego de haber sido deportado desde Estados Unidos, adónde había entrado poco después de la desaparición de los normalistas.

Murillo Karam dijo contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula y con el testimonio de al menos una decena de sicarios al mando de Rodríguez Salgado que interrogaron, ejecutaron, incineraron, y trituraron los restos de los estudiantes antes de lanzarlos al río San Juan.

Para los responsables de la investigación, las confesiones y pruebas realizadas son coincidentes y van más allá de las dudas razonables.

Pero para Valentín Cornelio Gonzalez, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes de la investigación.

Él cree que los restos habrían sido «plantados» y llegaron, en realidad, desde otro lugar.

Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso. Sin embargo, este grupo de expertos dijo a la AP antes de la presentación del martes que todavía «no hay evidencias suficientes» para asegurar que los restos encontrados en el río proceden del basurero.

A los funcionarios públicos implicados en el caso, desde el alcalde a los policías, se les acusará del delito de «desaparición forzada», en un país que cuenta con 23.000 desaparecidos desde 2006, según cifras oficiales, y del que existen muy pocos condenados.

Zerón, el jefe de la agencia de investigación, presentó evidencias respecto a la parte física del caso para responder a las dudas planteadas por los familiares. Afirmó que el incendio provocado por los sicarios provocó la destrucción total de los cuerpos, que el lugar lo permite y las evidencias lo demuestran. Junto a los estudiantes, los sicarios quemaron también sus teléfonos.

También Murillo Karam demostró que el basurero en el que fueron incinerados está a más de ocho kilómetros de la ciudad de Cocula, que al lugar se llega por una estrecha carretera, que tiene una puerta de acceso y que no hay viviendas en los alrededores.

Dijo que un grupo de recolectores de basura de Cocula declararon que el día de la hoguera un grupo de hombres les impidió acceder al vertedero a arrojar basura y afirmó que «no existe una sola evidencia de participación del ejército» en lo sucedido aquella noche en respuesta a continuadas peticiones por parte de las familias y de organizaciones como Amnistía Internacional de abrir esa línea de investigación.

Según Murillo, los elementos de que se dispone la investigación son «suficientes» y afirmó que ahora se trabaja en preparar acusaciones por las que se pedirán penas de hasta 140 años de cárcel para los responsables. Sólo entonces será cuando lo dé por cerrado.

Pero el analista Hope dice que las protestas, probablemente, continuarán hasta que no se muestre evidencia irrefutable de que los restos pertenecen a los estudiantes. También, dice, son poco claros los dichos de Murillo Karam en el sentido en que Guerreros Unidos creyó que los estudiantes eran parte de un grupo de narcos antagonista, y del por qué los mataron sabiendo, luego de interrogarlos, que ese no era el caso.

«Sabemos el qué, el quién, el cuándo y el dónde. No sabemos el por qué», dijo Hope. «Todavía tienen nos tienen que decir de manera convincente el por qué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan; a menos que se responda a esa pregunta, todo el asunto se mantendrá bajo un manto de misterio».