ONU y OEA se preocupan por Ledezma
La ONU, la OEA, la Unasur, Estados Unidos y dos de los Gobiernos latinoamericanos se pronunciaron hoy sobre la situación en Venezuela tras la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de participar en un complot golpista.
Mientras organismos de derechos humanos, partidos de oposición, asociaciones de exiliados venezolanos y personalidades internacionales reclamaban una reacción firme frente a la detención de Ledezma, la práctica totalidad de los Ejecutivos de América Latina optaron por el silencio.
Ledezma, alcalde de Caracas desde 2008 y uno de los líderes más conocidos de la oposición venezolana, fue detenido este jueves en su despacho por su supuesta vinculación con una conspiración para «organizar y ejecutar» actos violentos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está siguiendo las informaciones sobre la detención del alcalde Ledezma y espera que todas las fuerzas políticas de Venezuela apuesten al «diálogo» para resolver sus diferencias, dijo hoy su portavoz Stéphane Dujarric.
Ban «confía en que todas las partes redoblen sus esfuerzos para avanzar» en un proceso de diálogo y espera «un amplio apoyo» a esa iniciativa con el fin de que «los desafíos políticos a los que se enfrenta Venezuela sean tratados de forma pacífica, dijo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó hoy su «alarma» por la detención del alcalde de Caracas, tanto por la forma en que se llevó a cabo como porque es un «mandatario electo en ejercicio de su cargo».
Insulza instó a las autoridades venezolanas «a detener los hechos que conducen a una espiral de polarización que envuelve a la sociedad y hace imposible la búsqueda de acuerdos que reúnan la voluntad de todos los sectores».
Sobre las acusaciones de Maduro a Ledezma y otros opositores, el líder de la OEA insistió en que «se aclaren las denuncias» y agregó que «nadie podría oponerse a la realización de los juicios que la autoridad estime necesarios», pero remarcó que, «dado el carácter político del caso, los imputados enfrenten sus procesos en libertad».
Sin mencionar el caso de Ledezma, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, anunció una próxima visita a Caracas, sin fecha, de los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, así como una futura reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión para analizar el tema.
Samper opinó hoy que en Venezuela hay que «desarmar los espíritus y armar las voluntades» para tratar de salir de una encrucijada en la que, según dijo, «confluyen factores de perturbación económica, política e internacional».
La Casa Blanca informó hoy de que «el Departamento del Tesoro y el de Estado están siguiendo estrechamente la situación (en Venezuela) y están considerando las herramientas que pueden estar disponibles para conducir al gobierno venezolano en la dirección que consideran debe apuntar».
Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, tachó las acusaciones de que Washington estaría apoyando planes para derrocar a Maduro de «ridículas», al igual «que todas las acusaciones previas».
Anteriormente, la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, expresó la profunda preocupación de su gobierno por lo que «parece ser una escalada de intimidación de la oposición por parte del Gobierno de Venezuela».
Además, según Jacobson, toda la región «debe trabajar para asegurar que el Gobierno de Venezuela está a la altura del compromiso común con la democracia», una opinión también defendida por el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien indicó hoy que ante las «arbitrariedades» del Gobierno venezolano, la «única esperanza» son reacciones «firmes».
Sin embargo, la detención de Ledezma prácticamente no ha tenido eco en los Gobiernos latinoamericanos, aunque sí en sus opositores que les han reprochado que callen ante lo que ocurre en Venezuela.
La presidenta del Senado chileno, la socialista Isabel Allende, hija del fallecido presidente Salvador Allende, escribió en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Michelle Bachelet, también socialista, «debe manifestar su preocupación» por la privación de libertad a Ledezma.
El Gobierno chileno, por boca de su portavoz, Álvaro Elizalde, evitó juzgar la detención de Ledezma, pero sí dijo que «existe preocupación por que el cuadro de polarización en Venezuela se transforme en un obstáculo significativo para el diálogo entre el Gobierno y la oposición para el fortalecimiento democrático».
«Hemos manifestado, en privado y en público, nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos. Inclusive hemos pedido la libertad de Leopoldo López. En el caso del alcalde Antonio Ledezma, también esperamos que cuente con todas las garantías para un debido proceso», manifestó, por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una declaración.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en una breve conversación con periodistas declinó hoy hacer comentarios sobre «asuntos internos» de otra nación.
Pero el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza opositora, repudió la detención de Ledezma y criticó el silencio de los gobiernos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la propia Venezuela).
«Con indignación y creciente preocupación asistimos a la escalada de violencia practicada por el Gobierno de Venezuela contra aquellos que divergen democráticamente del régimen del presidente Nicolás Maduro», dice una nota del PSDB.
La oposición uruguaya exigió al Gobierno de José Mujica «un planteo firme» en el Mercosur y en otros foros ante la situación en Venezuela.
«No mirar para el costado» pidió el senador y excandidato a la presidencia del Partido Nacional (PN) uruguayo Luis Lacalle Pou.
El expresidente de Chile Sebastián Piñera (2010-2014) tildó de «brutal» la detención del alcalde Ledezma y consideró que «debe ser repudiada por todos los demócratas, incluyendo Gobiernos».
El senador republicano estadounidense Marco Rubio opinó que la medida contra Ledezma es «una prueba más de que Nicolás Maduro no se detendrá ante nada para asegurar su gobierno tiránico y silenciar la demanda del pueblo venezolano por un futuro democrático y libre».
