ONU insta a México a respetar los DDHH
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que da soporte al trabajo de la CIDH en México, tanto en la evaluación de los derechos humanos en el país como en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes hace un año.
«Respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos», afirmó el alto comisionado en una rueda de prensa tras concluir su visita de tres días a México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó el viernes pasado, al finalizar una visita de cinco días al país, que México afronta «una grave crisis de derechos humanos», caracterizada por una situación «extrema de inseguridad, violencia y graves violaciones».
Dichas palabras no agradaron al Gobierno de México, que de inmediato apuntó que la CIDH dio una visión parcial que no reflejaba la realidad del país.
El alto comisionado también apoyó el informe presentado en septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH sobre la desaparición de 43 jóvenes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
El grupo denunció serias irregularidades en la investigación y planteó una nueva hipótesis sobre el móvil del crimen y cuestionó la versión de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) sobre lo ocurrido esa noche.
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos en el municipio de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero cercano.
«Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI», aseveró hoy el alto comisionado, que dijo que el caso mostró la «debilidad» de la Policía y «resquebrajó» la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
Además, instó al Gobierno a permitir a los expertos entrevistar a los miembros del Batallón 27 del Ejército, con sede en Iguala, que fueron testigos de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014.
Ante «limitaciones e irregularidades» relacionadas con el servicio forense en México, el funcionario internacional consideró «urgente» la creación de un instituto forense de carácter autónomo.
Además, responsabilizó de la violencia a «poderosos y despiadados» grupos del crimen organizado, aunque recordó que «muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales» han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales.
