Ocho razones por las que las crisis alimentarias se resisten a desaparecer
El número de personas que sufren hambre extrema en el mundo no ha bajado de los 100 millones
En los últimos tres años, el número de personas que sufren hambre extrema en el mundo no ha bajado de los 100 millones, una muestra de las dificultades que tiene la ayuda internacional para ser efectiva.
La última actualización del Informe mundial sobre las crisis alimentarias, presentada esta semana en Roma, hace hincapié en que los esfuerzos de gobiernos y actores humanitarios son insuficientes en los países con mayores índices de inseguridad alimentaria.
Estas son algunas de las razones que impiden poner fin a las crisis alimentarias:
Conflictos, choques climáticos y crisis económica
Son los tres principales factores que explican la persistencia del hambre crónica. Al menos uno de los tres -si no más- se da en Yemen, República Democrática del Congo (RDC), Afganistán, Etiopía, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Nigeria.
En 2018, de los 113 millones de individuos que padecían grave inseguridad alimentaria en 53 países, dos tercios se encontraban en esos países.
Competición por los recursos naturales
En el Sahel, 10,8 millones de personas están siendo víctimas este año de crisis humanitarias frente a los 7,9 millones de 2014 como consecuencia de la degradación ambiental y la inseguridad.
A estos problemas se une la «creciente competición por el uso de la tierra y el agua», apuntó en un acto Djimé Adoum, secretario ejecutivo del Comité permanente interestatal para la lucha contra la sequía en esa región (CILSS).
Vacío de información
«Observamos una combinación de riesgos sin precedentes que hace falta analizar», afirmó la directora de Investigación del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), Sandrine Dury.
Sin embargo, el citado informe, elaborado por una red de socios humanitarios y de desarrollo, revela que en septiembre pasado solo dos de las ocho peores crisis humanitarias contaban con nuevos datos comparables.
A juicio de Anne-Claire Mouillez, coordinadora de la Red de información sobre la seguridad alimentaria (FSIN), «estamos muy lejos de tener datos actualizados para poder ser proactivos».
Obstáculos al personal humanitario
La destrucción de infraestructuras por los desastres naturales pone a prueba la capacidad logística de las organizaciones humanitarias, mientras que otras veces estas tienen dificultades en acceder a las poblaciones afectadas por la violencia y la actividad de grupos armados en el terreno.
En esos casos, el personal se ve obligado a “negociar con los socios, gobiernos y autoridades de facto” para atender a los más vulnerables “manteniendo la neutralidad”, apunta a Efe Antonio Avella, del Programa Mundial de Alimentos.
Fondos que se quedan cortos
Yibuti, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda forman la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Este de África (IGAD), región en la que la asistencia humanitaria sumó hasta 5.000 millones de dólares anuales (unos 4.500 millones de euros) entre 2016 y 2018, según un nuevo informe.
Con esos recursos, «hemos conseguido salvar vidas y evitar los peores impactos de hambrunas pasadas, como la que causó 250.000 muertes en Somalia en 2011», declaró el coordinador del centro de análisis de seguridad alimentaria de la IGAD, Abdi Jama.
El estudio señala que, aun así, se necesitan inversiones adicionales en acciones de resiliencia para los hogares, tales como empoderar a las mujeres, alimentar y educar a los niños, reforzar las redes de protección social y mejorar las infraestructuras rurales.
Poco margen para el desarrollo
Invertir en agricultura de resiliencia en conflictos como el de Sudán del Sur es posible, según la experta de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura Lavinia Antonaci.
Insta a los socios a dedicar más esfuerzos a las cuestiones de desarrollo en esos contextos para equilibrarlos con los de la asistencia de emergencia.
En el Yemen y la RDC, por ejemplo, los donantes han aumentado sus compromisos de ayuda hasta 1.500 millones de dólares y 344 millones en 2018 (1.350 millones de euros y 310 millones), respectivamente, destinándolos en gran parte a cubrir los altos costes de las operaciones en conflictos y dejando poco margen para el desarrollo.
