Misión de la ONU: Nicolás Maduro es responsable de «crímenes de lesa humanidad»
La Administración de Nicolás Maduro recibe otro duro golpe para su ya deteriorada imagen en el ámbito internacional. En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que Maduro y los ministros más importantes de su gabinete son responsables de «crímenes de lesa humanidad» en nuestro país, al tiempo que añadió que el Estado venezolano «debe exigir cuentas a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza».
La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones.
«Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes«.
detalla el informe de la Misión Independiente de la ONU
Crímenes como política de Estado
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, señaló que «existen motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la jurista portuguesa.
El grupo de expertos que incluye a Francisco Cox (Chile) y Paul Seils (Irlanda) todos especialistas reconocidos en derecho penal internacional y justicia transicional, sentenció que «lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno».
La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Amparo de los altos mandos
El informe denunció a las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas por el gobierno de Maduro para combatir el crimen, pero que dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, responsabilizan al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) y las Fuerzas de Acción Especial (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y como los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.
«Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen»
Marta Valiñas, jefa de la Misión Independiente sobre Venezuela
El informe sostiene que las Faes deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.
Objetivo: atacar la disidencia
Del mismo modo, la Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado. Señalan que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.
Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. El informe revela que un ex director del Sebin dijo a la Misión que la institución tenía un «comportamiento cultural» de tortura.
Las técnicas de tortura incluían posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.
El informe refiere específicamente el caso del capitán de la Marina, Rafael Acosta Arévalo, que murió después de ser torturado bajo la custodia de la Dgcim y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del Sebin.
«Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro«
Francisco Cox, experto de la Misión
Justicia al servicio del poder
Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de Derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela, resalta el informe.
Añade además que «el Poder Judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial».
«Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido»
Concluye el informe
