Misión de la ONU sostiene que Cabello está al frente del aparato represor en Venezuela
La Misión de la ONU, alertaron además ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que la administración de Maduro continúe ejecutando crímenes de lesa humanidad
Este martes la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para la ONU, dio a conocer un nuevo informe acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En este texto, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, hizo mención de manera directa al actual ministro de Interior, Justicia y Paz de la administración Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, tal como destaca Versión Final.
A lo largo de la exposición en la que se ofrecieron detalles de estos hechos, aseguró que “las detenciones arbitrarias han continuado y se han incrementado”, si se compara con el periodo presidencial que finalizó en el año 2024.
“Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por cuerpos de seguridad, presuntamente colectivos. Se registraron violaciones a los derechos humanos, especialmente detenciones arbitrarias”, indicó
De la misma manera Valiñas precisó que la Misión observó, que desde el nombramiento “en agosto pasado como Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dirige también formalmente el centro de aparato represivo del Estado”.
“Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal”, destaca.
La Misión de la ONU, alertó además ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que la administración de Maduro continúa ejecutando crímenes de lesa humanidad.
A la fecha, fuentes no gubernamentales se han documentado al menos 42 detenciones entre los meses de septiembre y diciembre de 2024, además de 84 más durante los 15 primeros días de enero de este 2025.
Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, precisa La Patilla.
“El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”, declaró Marta Valiñas.
Apuntó que “este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad”.
Manifestaron también su preocupación por las 150 extranjeros acusados de participar en conspiraciones contra la administración de Maduro.
Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas.
“Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional. Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”, afirmó Francisco Cox, experto de la Misión.
La Misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas poselectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en la que murieron siete personas. La Misión confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban.
“La Misión ha identificado a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes. El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión.
La FFM solicitó al Consejo que inste al Gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas
