Maduro espera normalizar relaciones internacionales y EE. UU apuesta por cambios políticos en Venezuela

El pasado 18 de junio, durante una entrevista exclusiva con la agencia Bloomberg, Nicolás Maduro manifestó el interés de su gobierno por normalizar las relaciones internacionales, sirviendo este encuentro como una ventana para exponer su posición y perspectivas frente a los procesos que se están gestando en la nación caribeña, en términos de alcanzar consensos sociales que permitan apuntar a una estabilidad política y avanzar hacia un plan de recuperación económica.

En este sentido, Maduro se refirió a las sanciones implementadas y promovidas por el Gobierno de los Estados Unidos contra su administración, como “una política extremista, irracional, que originó una ruptura total entre EE. UU y Venezuela”, y según encuestas de su conocimiento; “más del 84% de la población venezolana rechaza todas las sanciones criminales y crueles”.

No obstante, el mandatario venezolano expuso que espera poder encontrar con la administración de Biden “caminos de acercamiento, de respeto, caminos de beneficio mutuo, caminos que permitan regularizar las relaciones entre EE. UU y Venezuela”.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no ha observado “ninguna señal” que indique una postura diferente en cuanto a la política hacia Venezuela por parte del gobierno de Joe Biden, y que lo único positivo que ha visto en algunos voceros del Casa Blanca y el vocero de Estado, es que “ellos están de acuerdo con el diálogo entre venezolanos, sin intervención, para buscar cambios políticos democráticos en el país”.

La respuesta de la administración Biden

A través de fuentes consultadas por Bloomberg, funcionarios del Departamento de Estado han reaccionado a la propuesta de Maduro en relación con la normalización de las relaciones con EE. UU y cesar las sanciones. En tal sentido, los funcionarios consultados manifestaron una postura enfática, advirtiendo que mientras continúen las prácticas represivas del gobierno de Maduro hacia la oposición, la administración de Joe Biden seguirá, junto a sus aliados, manteniendo la presión.

Asimismo, sostienen que una modificación de la política de sanciones requeriría de cambios importantes por parte de Maduro, que incluirían un acuerdo con el líder de oposición, Juan Guaidó, que permita la resolución pacífica y democrática del conflicto político venezolano.

Sobre este tema, Torino Economics – la unidad de investigación de la consultora financiera Torino Capital – considera que, si bien desde la administración Biden no ha tenido lugar aún un cambio significativo en la política de sanciones, recrudecida durante la administración Trump, el nuevo gobierno de EE. UU ha mostrado un tono diferente, al manifestar su interés en que la crisis política tenga solución a través de un acuerdo interno, entre los actores políticos venezolanos.

Asimismo, vale destacar la reacción de la administración Biden tras la designación de las nuevas autoridades electorales en Venezuela. En tal sentido, en lo que podría representar un cambio de enfoque sobre las vías de solución de la crisis política en Venezuela, Julie Chung, subsecretaria interina adjunta del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, aseguró que “dependerá de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) contribuye a que se lleven a cabo elecciones libres y justas en el país”.

Por su parte, la postura de Juan Guaidó si bien ha experimentado un cambio significativo en su estrategia para promover el cambio político en Venezuela abriendo la posibilidad de iniciar negociaciones con Maduro,  aún expresa que las sanciones “son la herramienta que tiene hoy el mundo libre para hacer responsables a violadores de derechos humanos, corruptos a gran escala”.

Como ha sido expuesto en varios reportes sobre Venezuela elaborados por Torino Economics, las sanciones internacionales impuestas sobre la nación caribeña, especialmente las estadounidenses, se han consolidado como un agravante de la crisis socioeconómica, derivando en una crisis de carácter humanitaria que se tradujo en el segundo mayor éxodo del mundo después de Siria.

La caída de los ingresos petroleros, tras las sanciones, se vio acelerada con la imposición de severas restricciones sobre la industria petrolera, principal soporte de la economía, y ha afectado directamente el bienestar social de la población venezolana. Destacando que, este bienestar de la población ya venía en detrimento en medio de un espiral inflacionaria que aún no ha desaparecido, y que se ha visto acompañada por otras distorsiones de la economía derivadas de una sistemática política de expropiaciones, controles, y otras medidas gubernamentales desacertadas.

Con la entrada en escena de las sanciones, se le sumó a la problemática económica venezolana una crisis política que se ha condicionado las posibilidades de llevar a cabo de forma exitosa un plan de recuperación económica, por lo que la disposición al diálogo y la negociación, al menos germinalmente, que muestra tanto el gobierno de Maduro como la oposición venezolana genera una nueva etapa de expectación, añade la unidad de investigación de Torino Capital.

Diálogo: ¿Una salida efectiva?

Sin bien es cierto que en Venezuela se vienen generando procesos de diálogo fallidos desde hace más de una década, ante el declive actual, esta estrategia podría emerger como una salida óptima; no obstante, más que el proceso de negociación en sí mismo, se requieren de acuerdos concretos que se ejecuten de manera efectiva, especialmente ante el reducido margen de maniobra del cual dispone el gobierno de Maduro frente a la crisis, requiriendo cooperación por parte de los factores de la sociedad venezolana, tales como los gremios empresariales, para emprender alguna vía de estabilización y progreso, más allá de las medidas unilaterales que el Gobierno ha estado implementando, como es el caso de la denominada Ley Antibloqueo, o el lanzamiento de plan del “Bolívar digital”.

Cabe destacar que desde la entrada en vigor de la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista, electa en diciembre de 2020, se ha dado paso a un conjunto de reuniones con diferentes sectores de la mano de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz, con el fin de generar un conjunto de reformas que estimulen la recuperación y el desarrollo del país; sin embargo, aún se está a la espera de resultados formales y concretos.

Ley Antibloqueo: ¿Garantía de inversión en Venezuela?

Según las declaraciones de Nicolás Maduro, el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2025 (presentado en el 2018), implica el funcionamiento de toda la inversión privada, lo cual se refuerza en la Ley Antibloqueo aprobada en el 2020, la cual tiene como propósito incentivar la presencia de inversionistas del mundo en todos los sectores de la economía venezolana.

Pero al tratarse de temas con carácter de seguridad de Estado, es poco lo que se puede informar al respecto, por la misma naturaleza y por seguridad de estado tomando en cuenta, adicionalmente, la protección a los inversionistas ante las acciones de la OFAC.

La ”Ley Antibloqueo”, es un instrumento jurídico que nace por su aprobación en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 9 de octubre de 2020, la cual, de acuerdo con lo expuesto por Nicolás Maduro, busca hacer frente a las sanciones impuestas por la administración Trump, calificadas como Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU).

No obstante, su aprobación por parte de la ANC trajo consigo muchas discusiones sobre su legitimidad, dado que la elección de esta Asamblea representó para diversos sectores políticos locales y la comunidad internacional, una usurpación de las funciones del órgano legislativo vigente para ese año (la Asamblea Nacional dirigida por el líder de oposición Juan Guaidó), lo que en primera instancia ya pone en cuestionamiento la referida ley.

Así, el objetivo principal de la Ley Antibloqueo es: “establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición”.

De esta manera, en medio de grandes presiones para sostenerse en el poder, y obtener recursos económicos, la Ley Antibloqueo faculta al ejecutivo nacional para crear y autorizar mecanismo o fuentes de financiamiento, al tiempo que puede celebrar “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” para la protección de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República.

Así, la Ley Antibloqueo no supone más que la “legalización” de lo que se viene construyendo a partir del 2016, momento desde el cual se ha prorrogado 28 veces el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica emitido en enero de ese año, en medio de lo que el gobierno de Maduro denominó “guerra económica”, otorgando a Maduro poderes equiparables a los que permitiría la Ley Antibloqueo, sostiene Torino Economics en su informe.

¿Plan de privatización en marcha?

Para Torino Economics, una de las preguntas que están sobre la mesa, sería si por medio de la implementación de la Ley de la Ley Antibloqueo, se abrirían las puertas a un proceso de privatización de las empresas Estatales.

Bajo el planteamiento de Maduro, Venezuela no está llevando a cabo un proceso de “privatización” de las empresas estatales venezolanas, sino por el contrario, el objetivo de la ley es incentivar la asociación estratégica con capital privados en función de promover el desarrollo productivo del país.

“Una cosa es buscar asociaciones para tener una filosofía de ganar – ganar para el empuje y desarrollo de diversos sectores económicos del país, en este sentido con la ley antibloqueo el gobierno busca alianza en función del desarrollo económico, financiero y comercial”, indicó Maduro.

Sin embargo, unos de los principales objetivos de la Ley Antibloqueo es generar el marco legal necesario para llevar a cabo los cambios en la Constitución y con esto impulsar una recomposición en el sector de hidrocarburos, sector en el cual se ha estado discutiendo la recomposición accionaria de 13 de sus empresas mixtas: Petroindependencia (60% de capital accionario de PDVSA), Petrocarabobo (71%), Petrocedeño (60%), Petrovictoria (60%), Petrosanfelix (100%), Petrourica (60%), Petromacareo, Petromiranda (60%), Petrojunin (60%), Petrolera Indovenezolana (60%), entre otras; con el fin de aumentar la participación de capital de los socios extranjeros a cambio del capital necesario para impulsar un crecimiento en la producción de la industria.

Según la poca información difundida de estas negociaciones, el Estado venezolano solo mantendría mayoría accionaria tres de estas empresas mixtas, la cuales serían: Sinovensa (donde la china CNPC tendrían 40%), Petromonagas (donde los rusos conservarían el 40%), y Petropiar (en donde Chevron no podría aspirar ampliar su participación del 30% por las restricciones de las sanciones).

Sin embargo, por la naturaleza de esta ley, estos procesos de negociación no solo se harían sobre la industria petrolera, sino también en otros activos bajo propiedad del Estado; sin embargo, esta información aún no es difundida de manera oficial y no se tiene la certeza de cuáles son las condiciones de los acuerdos que se están llevando a cabo.

La ambiciosa meta petrolera

Las aspiraciones del Gobierno para este año de alcanzar un crecimiento económico en función de la reactivación de la industria petrolera con el incremento de las exportaciones de un poco más de 500 mil b/d a 1,5 millones de b/d, son consideradas por muchos expertos como poco factible.

Según el director del Programa Latinoamericano de Energía de Rice en Houston y experto en la industria petrolera de Venezuela, Francisco Monaldi, “la producción puede llegar hasta los 600.000 barriles diarios si todo va bien y no se aumentan las sanciones”.

“Incluso llegar a eso [a 1.5 millones b/d] sería inverosímil a medio plazo; la capacidad de producción ha estado cayendo desde 2014 y no ha habido plataformas petroleras operando en Venezuela durante un año”.

Es una historia similar con las cuatro refinerías del país. Hace solo 18 meses, se quedaron inactivos después de años de subinversión y negligencia. Venezuela tuvo que importar toda su gasolina, Diesel, combustible para aviones y propano, principalmente de Rusia e Irán.

Recientemente, el 10 de junio, el ministro de petróleo, Tareck El Aissami, aseveró que el Gobierno gastará USD 1.200 millones de dólares este año para reactivar la industria petrolera nacional. Sin embargo, al contrastar este monto con los últimos datos públicos en el informe financiero de gestión de PDVSA, la cifra luce bastante modesta.

Por su parte Juan Guaidó señaló en su entrevista con Bloomberg que Venezuela en los últimos 20 años invirtió alrededor de USD 300.000 MM en la industria petrolera, cifra que solo fue superada por Arabia Saudita, Rusia y EE. UU., sin embargo, el país hoy produce menos de 300 mil b/d.

Enfoque de Torino Economics:

En la actualidad Venezuela se encuentra sumida en una realidad compleja, desde el ámbito externo y local. Desde la perspectiva local, emergen iniciativas gremiales que buscan alcanzar consensos no solo en términos económicos sino también democráticos con la mayor cantidad de actores políticos posibles, mientras que el ámbito externo, este marcado por la capacidad de Juan Guaidó, como interlocutor reconocido por la administración Biden y la Unión Europea, para propiciar las mejores condiciones posibles hacia el logro de un acuerdo con el gobierno de Maduro, que procure abrir el camino hacia la resolución pacífica y democrática de la crisis política venezolana.

Respecto a las sanciones, si bien el cambio de administración en EE. UU podría sugerir un cambio de visión en torno a las sanciones impuestas a Venezuela, hasta ahora no han tenido lugar acciones concretas en este sentido.

Ante el ofrecimiento de Maduro para regularizar las relaciones la administración Biden, voceros del Departamento de Estado han dejado saber que no habrá flexibilización hasta tanto el gobierno de Maduro lleva a cabo importantes cambios hacia la normalización de la vida democrática del país.

No obstante, una variante interesante tiene lugar desde Washington: el interés por una resolución pacífica y democrática de la crisis venezolana a través de un acuerdo interno entre las partes en conflicto.

De esta manera, todo parece depender de los consensos internos y los avances que se puedan realizar con el fin de ampliar las garantías democráticas para infundir confianza a la comunidad internacional, y así abrir paso a un nuevo escenario que sería propicio para la articulación de un plan de recuperación económica, el restablecimiento de comunicaciones con acreedores internacionales, y el acceso a los mercados de capital, acabando así el conflicto de legitimidad de poder que ha impedido el acceso a diferentes mecanismos de apoyo financiero, lo cual resulta esencial para estabilizar la economía venezolana y retomar la senda de crecimiento económico, concluye Torino Economics en su más reciente informe sobre Venezuela.