La UE prolonga sus sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro
La UE espera que sus sanciones sean un “medio” para impulsar un “proceso creíble y significativo” que conduzca a una solución pacífica negociada dirigida por Venezuela
El Consejo de la Unión Europea (UE) extendió “excepcionalmente” sus sanciones por la crisis en Venezuela seis meses en vez de un año, como es habitual, tras apreciar como un “paso positivo y necesario” el acuerdo entre el gobierno y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
Mediante un comunicado, el Consejo (los países) de la UE expresaron que “El Consejo acoge con satisfacción el acuerdo político liderado por Venezuela del 17 de octubre de 2023, en Barbados, que representa un paso positivo y necesario en la continuación de un proceso de diálogo integrador y hacia la restauración de la democracia en Venezuela”.
En este contexto y en el marco de la revisión anual de sus medidas restrictivas, el Consejo decidió “acortar excepcionalmente de 12 a 6 meses” el período para la próxima renovación, prevista por lo tanto para el 14 de mayo.
La UE recordó que está dispuesta a «dar pasos” y ”considerar la flexibilización o la revocación” de las sanciones “en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político”.
También de los “los avances realizados” para la liberación incondicional de todas las personas detenidas “injustamente” y en favor de la libertad de expresión -incluida la de los miembros de la prensa-; la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales que permitan unas elecciones creíbles, integradoras, transparentes y democráticas, y el respeto de los derechos humanos y políticos.
El Consejo volverá así a evaluar estas sanciones dentro de 6 meses, aunque “está dispuesto” a volver a tratar este asunto “en cualquier momento” sobre la base de “avances concretos, sostenibles y verificables” en relación con la situación en Venezuela.
Las medidas restrictivas impuestas por la UE a Venezuela incluyen un embargo de armas y de material para la represión interna, así como la prohibición de viajar y la congelación de activos de 54 personas.
Las medidas afectan, entre otros, a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y en relación con la última revisión, se ha eliminado de la lista negra a una persona fallecida.
Estas sanciones, en vigor desde noviembre de 2017, se impusieron en respuesta al “continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela”, recordó el Consejo, con vistas a “ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas” que aporten “estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades acuciantes de la población».
Las medidas «selectivas» son «flexibles y reversibles» y están diseñadas para no perjudicar a la población venezolana, aseguró.
La UE espera que sus sanciones sean un “medio” para impulsar un “proceso creíble y significativo” que conduzca a una solución pacífica negociada dirigida por Venezuela.
Venezuela tiene previsto celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, como acordaron el régimen de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos«, que contempla, entre otros puntos, la observación internacional.
Asimismo, establece que «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana«.
La firma del acuerdo también ha provocado la reacción de Estados Unidos, que por su parte suspendió por seis meses varias sanciones a Venezuela, entre ellas las relacionadas con el petróleo y el gas.
No obstante, EE.UU advirtió que podría reconsiderar su decisión si no se libera a los «presos políticos» estadounidenses y si la antichavista María Corina Machado sigue inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.
*Con información de EFE*
