La tormenta perfecta

Karl Rove y Lewis Libby protagonizan una crisis que podría tener graves repercusiones. Pero esos dos funcionarios no son las únicas sombras que persiguen a George W. Bush por los pasillos de la Casa Blanca al acercarse el primer año de su segundo período. Dos mil soldados muertos en Irak, una serie de desastres naturales mal manejados, una candidatura fallida a la Corte Suprema y malos presagios en las elecciones congresionales del año próximo muestran un panorama oscuro para el Presidente. Sobre todo cuando su popularidad llega a los niveles más bajos desde cuando subió al poder en 2001.

Los problemas de Bush pasan, de algún modo, por la decisión de invadir Irak. Algunos observadores sostienen que una de las mentiras en que se basó su argumentación para justificarla enredó hasta tal punto a Karl Rove, su principal asesor y gestor de sus victorias electorales, que desde mediados de 2005 Bush se mueve sin su consejo. Eso habría conducido, según esa tesis, al lamentable manejo que le dio al desastre causado por los huracanes y a la candidatura de su asesora Harriet Miers para suceder a Sandra O’Connor en la Corte Suprema, retirada el jueves ante la evidencia de que no pasaría la ratificación del Senado. Adicionalmente, el otro implicado del caso Rove, Lewis Libby, es el jefe de gabinete del vicepresidente, y su acusación judicial, que se concretó el viernes, podría conducir a que el propio Dick Cheney resulte implicado directamente.

Este asunto tiene sus raíces en un reporte de 2001 del embajador en Níger, según el cual el gobierno de Irak estaría interesado en comprarle uranio, del que el suelo de ese país es rico. El tema fue incluido en los argumentos contra Irak, en parte por un memorando de la inteligencia británica, pero la Agencia Central de Inteligencia (CIA) expresó sus dudas desde el comienzo. La CIA envió en febrero de 2002 a un ex embajador en Níger, Joseph Wilson, a tratar de confirmar la hipótesis en ese país. Pero, aunque su reporte fue negativo, por razones no explicadas aún la Casa Blanca incluyó el argumento en el discurso del Estado de la Unión de enero de 2003. Incluso algunos papeles que llegaron por Italia, que documentaban la supuesta compra del mineral, resultaron falsos.

Después de consumada la invasión, The New York Times publicó, el 6 de julio de 2003, un artículo de Wilson en el que sostiene que Saddam Hussein nunca trató de comprar el uranio. Pocos días más tarde, el columnista Robert Novak publicó un artículo en el que mencionó a la esposa de Wilson, Valerie Plame, como la agente de la CIA que habría sugerido el viaje de su esposo a Níger. Novak escribió que «dos funcionarios de la Casa Blanca» le habían pasado el dato. La Agencia consideró que esa afirmación había comprometido la identidad de un agente secreto, lo que es un delito federal, y pidió una investigación.

Desde entonces, el fiscal especial Patrick Fitzgerald le ha seguido la pista a un caso que ha tenido toda clase de incidencias, como la detención de una periodista de The New York Times por negarse a revelar sus fuentes. Después de dos años, Fitzgerald tiene entre ojos dos sospechosos clave: Rove, quien por lo pronto no ha sido acusado, y Libby, quien renunció luego de que se anunció su indictment. Ellos habrían participado en un esfuerzo oficial por desprestigiar a Wilson y quitar credibilidad a sus denuncias.

Mientras tanto, los republicanos sufren en sus filas sus propios escándalos en cabeza del texano Tom DeLay, líder del ala más conservadora del partido, quien perdió la vicepresidencia de la Cámara por acusaciones de violar las reglas de financiación de campañas, y Bill Frist, el líder de la mayoría republicana en el Senado, un prospecto presidencial enredado por aprovecharse indebidamente de información privilegiada.

Todo ello está haciendo estragos en el Congreso. Como escribió Perry Bacon en Time, desde 1962, cuando la popularidad de un presidente ha bajado del 50 por ciento, su partido ha perdido un promedio de 43 escaños en la Cámara. Hoy los republicanos tienen una ventaja de 28, mientras la aprobación de Bush está en el 40 por ciento. Por eso, la posibilidad de que Bush termine con un Congreso en contra es cada vez más grande.

Las consecuencias para Bush pueden ser graves. Los presidentes repitentes en Estados Unidos confían en que el segundo mandato establezca la dimensión de su legado. Bush aspira a dejar para la historia un Irak democrático que irradie su influencia a sus vecinos, y unas reformas clave. Pero ante los desastres políticos y naturales, todo está en entredicho. Christopher Malone, experto de la Pace University de Nueva York, dijo a SEMANA que «la agenda para el segundo período está prácticamente muerta. La privatización del sistema de seguridad social y del sistema de salud pública, la reforma tributaria que haga permanentes sus recortes de impuestos, y su proyecto de una sociedad de propietarios están suspendidas». Y en cuanto a Irak, la violencia no cesa y las dudas crecen.

Para los analistas, Bush aún puede sacar adelante su segundo período. El nombramiento de Ben Bernanke como jefe de la Reserva Federal ha sido visto como un paso positivo, para tratar de centrarse en los objetivos económicos de largo alcance. La renuncia de Miers, pedida o no, salió en la dirección correcta. Ahora, según los analistas, debe destituir a Rove antes de que el fiscal especial lo acuse.

Pero, como dice Malone, «el peor pecado de Bush ha sido la arrogancia», por lo que este último paso es poco probable. Y lo peor, Fitzgerald está decidido a llegar hasta el fondo en su investigación, que podría aclarar para la historia hasta qué punto el gobierno engañó a la opinión pública para embarcarla en una aventura bélica cuyas consecuencias aún son desconocidas.