La OTAN insta al diálogo y cumplir DD. HH. en Kazajistán
El representante especial de la OTAN para el Cáucaso Sur y Asia Central, Javier Colomina, expresó hoy la preocupación de la Alianza Atlántica por los acontecimientos en Kazajistán, e instó a la calma y al diálogo además de al cumplimiento de los derechos humanos en el país centroasiático.
«La OTAN comparte la grave preocupación por la situación en Kazajistán, incluidas las informaciones sobre muertes», señaló el español en su cuenta de Twitter.
«Instamos a todas las partes a la calma, a abstenerse de la violencia y a perseguir el diálogo. Las autoridades deben respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas el derecho a las protestas pacíficas», añadió.
Según datos oficiales del Ministerio del Interior kazajo, las fuerzas del país han abatido a 26 personas, a las que han calificado de «delincuentes», en la operación especial antiterrorista que efectúan para reprimir las protestas en el país, especialmente numerosas en la mayor ciudad, Almaty.
Otras 26 han resultado heridas y 3.811 han sido detenidas.
A su vez 18 agentes del orden han muerto en las violentas protestas que sacuden al país centroasiático desde el pasado día 2 y más de 740 han resultado heridos.
Las protestas comenzaron por el alza del precio del gas licuado, que se duplicó a partir del 1 de enero al pasar al sistema del mercado sin regulación estatal, pero enseguida se volvieron violentas y adquirieron un matiz mayor con manifestaciones también contra la corrupción, el empeoramiento de los estándares de vida y los clanes kazajos que controlan la economía del país.
Aunque el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y trató de frenar el descontento, decretando la vuelta a la regulación estatal de los precios de los productos de primera necesidad, incluyendo el gas licuado, la gasolina y el diesel, por un plazo de 180 días, las protestas se convirtieron en disturbios.
El mandatario impuso el estado de emergencia, cortó las comunicaciones telefónicas y por internet, y lanzó una operación antiterrorista de gran escala contra los manifestantes, a los que acusa de seguir los dictados del exterior y de pertenecer a movimientos radicales islamistas, una versión difícil de contrastar ante los impedimentos que pone Nursultán al trabajo de los periodistas.
