La ONU exige a Irán el fin de la «práctica abominable» de ejecutar a menores
La ONU exigió a Irán que acabe con la pena de muerte a menores, una práctica que Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, definió como «abominable».
Teherán ejecutó «al menos» a cinco menores durante el año pasado y 78 personas esperan que se cumpla su condena a muerte por crímenes que cometieron cuando no habían cumplido los 18 años de edad, aseguró en rueda de prensa Colville, que agregó que, dada la «opacidad» del sistema iraní, estas cifras pueden ser mucho más elevadas.
«Irán sigue siendo uno de los pocos países que ejecuta a menores ignorando sus obligaciones bajo la ley internacional humanitaria, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte a los menores, sin importar las circunstancias del delito», dijo el representante de las Naciones Unidas.
El portavoz se refirió al caso concreto de Sajad Sanjari, sentenciado a muerte por el apuñalamiento de un hombre en 2012, cuando tenía 15 años.
Colville pidió al Gobierno iraní que impida la ejecución de Sanjari, que se espera «inminente», después de que la Corte Suprema iraní confirmase la condena, en agosto pasado.
El alto tribunal del país falló en el mismo sentido que la corte provincial de Kermanshah, que aceptó reabrir el caso y en 2015 halló al joven culpable, rechazando su argumento de que había actuado en defensa propia después de haber sufrido un intento de violación por parte de la víctima.
En esa ocasión, el juez opinó que Sanjari tenía «una suficiente madurez mental» para entender que estaba cometiendo un crimen.
«Urgimos a Irán a que termine con esta práctica abominable de una vez por todas», insistió Colville, que también lamentó que un gran número de penas capitales se dictan tras juicios en lo que hay sospechas de irregularidades procesales.
Otros informes a los que ha tenido acceso el comisionado sugieren que al menos 16 personas -14 en la prisión de Karaj y 2 en el centro penitenciario de Rasht- fueron ejecutadas recientemente por delitos relacionadas con las drogas.
Según Colville, esos delitos «no alcanzan el umbral de gravedad» de los crímenes punibles con la máxima pena, por lo que su aplicación es «deplorable».
