La CIDH urge a Venezuela a dejar de negar las violaciones de derechos humanos
Cristina García Casado, especial para EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este lunes al Gobierno venezolano a dejar de negar las «graves» violaciones de derechos humanos en el país, tras publicar un informe muy crítico con su actuación y la del poder judicial.
«Todavía hay un estado de negación de las violaciones de los derechos humanos. Urgimos al Estado venezolano a reconocerlo y a cumplir con sus deberes internacionales en materia de protección de los derechos humanos», dijo a Efe el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, tras la presentación del reporte.
El análisis de la comisión, de 161 páginas, denuncia y documenta el «alarmante debilitamiento» de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, que se ha «intensificado» en los últimos dos años.
«El informe apunta la necesidad urgente de aceptar ayuda humanitaria para todas las personas que están saliendo del país y para las que están viviendo un desabastecimiento alimentario muy grave», indicó Abrão.
La comisión envió al Gobierno de Venezuela un borrador del informe y recibió como respuesta que el documento «presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos» del país, tal como recoge la versión final del reporte.
Además, el Ejecutivo de Nicolás Maduro acusa a la comisión de excluir «casi totalmente» la información oficial enviada en favor de «fuentes carentes de objetividad».
Sin embargo, Abrão defiende que la comisión valoró qué información «era pertinente incluir y cuál no».
En este análisis, centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que «las graves injerencias de los poderes ejecutivo y judicial en el poder legislativo» son uno de los factores clave de la crisis venezolana.
Además, señala los «altos niveles de corrupción», la «existencia de un patrón de represalias» a quienes se manifiestan contra el Gobierno, «severas restricciones a la libertad de expresión», «el aumento de la violencia y la criminalidad» y el «desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos».
La comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), decidió hacer este estudio ante el «profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela».
«La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos», sostiene el organismo.
«Es urgente que el Estado de Venezuela asuma la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, teniendo como eje principal el bienestar de sus habitantes», agrega.
Llamado a miembros de la OEA
La CIDH hace también un llamado al resto de Estados miembros de la OEA para que, «como garantes colectivos del respeto a los derechos humanos en la región», cooperen en «persuadir al Estado venezolano de la importancia de dar su anuencia para que la CIDH pueda realizar una visita al país a la mayor brevedad».
Así, pidió a la comunidad internacional que use su informe sobre Venezuela en sus «esfuerzos jurídicos y políticos» para buscar una salida a esa crisis, al tiempo que urgió a presionar para que el Gobierno le deje viajar el país.
La comisión considera que su análisis puede servir de «contexto» para los casos individuales que la Secretaría General de la OEA estudia remitir a la Corte Penal Internacional (CPI), en función de un informe de un panel de expertos nombrado por el secretario general, Luis Almagro, y que debería haber visto la luz ya a finales de enero.
El presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren, dejó claro, no obstante, que cada instancia tiene «su competencia» y que la de la CIDH es «determinar la responsabilidad internacional en el marco de los Estados del Sistema Interamericano, no individuales de autoridades o Gobiernos de tipo penal».
El Gobierno no permite a la comisión entrar al país desde su visita de 2002, a partir de la cual el organismo hizo un informe crítico sobre derechos humanos y democracia publicado al año siguiente.
Por eso, la CIDH tuvo que elaborar este análisis con la información que recibió en los últimos dos años y con la que solicitó al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil para este cometido.
El presentado este lunes 12 de febrero es el tercer reporte que la comisión elabora sobre el país.
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