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La CIDH insta a Cuba a cesar «hostigamiento» contra ONG Cubalex

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy «preocupación» ante «la persistencia de actos de hostigamiento» contra los miembros de la organización no gubernamental Cubalex (Centro de Información Legal) por parte de agentes de las autoridades cubanas.

La CIDH y su Relatoría Especial, en un comunicado, instaron «al Estado cubano a cesar estas acciones y a asegurar de manera efectiva que los integrantes de esta organización puedan ejercer sus derechos y la defensa de derechos humanos libre de interferencias indebidas».

Los hechos se produjeron el pasado 23 de septiembre, cuando la sede de Cubalex en La Habana fue allanada «sin orden judicial por la policía y los oficiales de la seguridad del Estado y sus bienes de trabajo fueron decomisados, como parte de una presunta investigación fiscal por supuestas actividades económicas ilícitas», indicó la nota.

De acuerdo a declaraciones de la abogada Laritza Diversent, quien dirige el Centro, las verdaderas razones del operativo habrían sido «la respuesta oficial a un informe sobre la situación de libertad de Expresión en Cuba» que Cubalex presentó semanas atrás al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión con sede en Ginebra.

Durante el registro del inmueble habrían sido confiscados cinco computadoras, además de otro equipos informáticos y documentos y archivos confidenciales de diversos casos atendidos por la oficina.

La CIDH subrayó que, además, los integrantes de Cubalex habrían sido sometidos a interrogatorios y dos miembros del equipo habrían sido detenidos.

El activista Dayán Alfredo Pérez Noriega habría sido liberado mientras que el abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo, todavía se encontraría en una prisión en La Habana.

Diversent, por su parte, había denunciado su detención arbitraria a su regreso de Ginebra el 12 de agosto de 2016.

Tanto Diversent y otros miembros de Cubalex son beneficiarios de medidas cautelares por parte de la CIDH, la cual solicitó el 22 de abril de 2015 que el Estado cubano adoptara medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal y les permitiera ejercer su trabajo sin ser víctimas de hostigamientos.

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