La CIDH exigió a la administración de Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos
La CIDH solicitó también al Estado venezolano garantizar la participación política sin discriminación, tras las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República a varios opositores entre ellos María Corina Machado
Este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió a la administración de Nicolás Maduro, la liberación inmediata de todos los presos políticos que hay en Venezuela, además de exhortarla a investigar con la diligencia del caso, las torturas y malos tratos a los que han sido sometidos, de acuerdo a las denuncias presentadas.
A través de la red social X, la CIDH reconoció la liberación de cinco presos políticos el pasado 18 de octubre, en el marco del acuerdo firmado entre oposición y chavismo en Barbados, además de una serie de licencias que otorgó Estados Unidos para que Venezuela pueda llevar a cabo diversas operaciones relacionadas al gas, petróleo y minería.
De la misma manera precisó, que estas detenciones se llevaron a cabo en un contexto de “cierre del espacio cívico, además de restricciones a la participación política y ausencia del Estado de derecho”.
Esta liberación permitió la libertad plena de Roland Carreño, Juan Requesens, Marco Garcés Carapaica, Mariana Barreto y Eurinel Rincón.
Tras estas liberaciones, la ONG Foro Penal aseguró que en el país hay todavía unos 270 presos políticos, de los cuales al menos 50 tiene graves padecimientos de salud como Emirlendris Benítez, Guillermo Zárraga, Javier Tarazona o Igbert Marín Chaparro.
Asimismo la CIDH solicitó al Estado venezolano que garantice la participación política sin discriminación. Esto viene dado por las medidas de inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República a varios opositores, entre ellos María Corina Machado, la vencedora de las primarias opositoras del domingo 22 de octubre.
La Comisión ha insistido en que estas medidas administrativas contra candidatos opositores y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, sino que “resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país. La Comisión Interamericana recuerda que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”.
