El Tribunal de Sesiones de Edimburgo anunció este martes que mañana dictaminará si considera legal o o no la controvertida decisión del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, de suspender temporalmente el Parlamento hasta pocos días antes del brexit.
Tras una sesión que se alargó casi seis horas, el juez Lord Raymond Doherty indicó que sopesará los argumentos expuestos por las dos partes y decidirá si la medida cumple con la ley o bien, como piden los demandantes, se trata de un acto «anticonstitucional» que supera las potestades del jefe del Ejecutivo.
Entre los más de 70 firmantes de la demanda están la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al brexit «The Good Law Project», quien acudió a la vista de este martes.
El abogado que representa a los demandantes, Aidan O’Neill, definió el caso como un «abuso de poder por parte del Estado» y afirmó que la suspensión de las cámaras persigue permitir una salida de la Unión Europea (UE) no negociada y no la presentación del programa de Gobierno, como ha asegurado Johnson.
«El cierre del Parlamento se relaciona con un brexit sin acuerdo, no con una nueva agenda. Es silenciar y desarmar a la oposición. Eso es inconstitucional, es un abuso de poder»
SOSTUVO O’NEILL
Durante su dura defensa del poder legislativo, el letrado recalcó que lo que se juzga no es determinar si la reina Isabel II -que refrendó la clausura de las cámaras- erró en su proceder, si no si estuvo mal aconsejada por el Ejecutivo, en cuyo criterio siempre se basa.
«Afirmar que esta fue una decisión de la monarca no se ajusta a la realidad. Cerrar el Parlamento fue un acto de poder del Ejecutivo contra el Parlamento. El desprecio por el Parlamento fue impresionante», indicó O’Neill.
O’Neill presentó además un documento que demostraría cómo el gabinete de Johnson tomó la decisión de suspender el Parlamento en torno al 15 de agosto, varios días antes de hacerla pública, y acusó a la parte contraria de engañar a la corte por no haber facilitado esta información.
Por su parte, Roddy Dunlop, que actuó en representación del Ejecutivo británico, indicó que la cuestión no debería haber llegado hasta los tribunales, porque no debería estar sujeta al criterio de un juez.
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Durante su alegato recalcó que la corte no tiene «las herramientas» para evaluar lo que calificó como «una decisión política» y precisó que no existe «un periodo obligatorio» fijado por la ley durante el cual el Parlamento deba permanecer abierto.
Si Johnson consigue que la Justicia no frene sus planes, el Parlamento permanecerá cerrado entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, con lo que los parlamentarios contrarios a una salida de la UE abrupta tendrían complicaciones para presentar iniciativas legislativas que puedan evitar tal escenario.
Durante la vista, un pequeño grupo de manifestantes se concentró a las puertas del tribunal para, al grito de «Paremos el golpe», protestar contra la decisión del Gobierno conservador.
James Wolffe, abogado general de Escocia, el cargo legal de mayor rango de esta región, anunció hoy que respalda esta acción legal, así como la que la activista anti «brexit» Gina Miller ha presentado en Londres y a la que se ha sumado el ex primer ministro conservador John Mayor.
La batalla en los tribunales entre defensores y detractores de un «brexit» duro está así lejos de terminar, ya que existe otro procedimiento abierto en Irlanda de Norte, impulsado por una asociación que defiende que una ruptura no negociada violaría los acuerdos de paz del Viernes Santo.
Tras el receso estival, el Parlamento retomó hoy su actividad en medio de las especulaciones sobre la posible convocatoria de elecciones anticipadas, un escenario que se ha hecho más plausible después de que Johnson haya perdido la mayoría parlamentaria al pasarse un diputado «tory» al Partido Liberal Demócrata.
