Justicia británica reconoce autoridad de Guaidó sobre oro venezolano en Inglaterra
Desde Londres llega una gran noticia para las fuerzas democráticas en Venezuela. Y es que el Tribunal Superior de Gran Bretaña dictaminó este jueves que la Administración «ad hoc» del presidente (e) Juan Guaidó, y no la gestión de Nicolás Maduro, puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
La junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro ya anunció que planea recurrir el dictamen.
El oro, cuyo valor se estima en alrededor de 1.300 millones millones de dólares, está retenido en el BoE a raíz de las sanciones que el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto sobre la Administración Maduro.
Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare concluyó que el Gobierno del Reino Unido reconoce «inequívocamente» a Guaidó como «presidente interino constitucional» de Venezuela y es por tanto la junta del BCV nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.
Asimismo, el magistrado también decidió que «no es justiciable» -es decir, que la Corte no puede someter a examen- la legalidad en base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia oficialista.
La decisión llega luego de que el Gobierno de Boris Johnson, a través de su canciller, Dominic Raab, informó que continuarán tomando medidas contra la gestión de Maduro, especialmente tras el anuncio de Miraflores de expulsar a la embajadora comunitaria, Isabel Brilhante Pedrosa, en represalia a las sanciones impuestas por la Unión Europea a 11 funcionarios vinculados al oficialismo.
Se sienta precedente
El dictamen de este jueves, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró «en medio de las partes» en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.
Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el Tribunal podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, que le acusó de incumplimiento de contrato al no cumplir su petición de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra el coronavirus en Venezuela.
Del mismo modo, el dictamen servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
Argumentos de lado y lado
Durante el proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como «presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones», en la práctica «mantiene lazos diplomáticos» con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno de Boris Johnson lo reconoce claramente como cabeza del Estado, y por tanto, la Corte debe hacer lo mismo con base en la doctrina de «una sola voz» aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.
El abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela sin someterlos a escrutinio, debido, sostuvo, a que «no son justiciables» en jurisdicción británica.
Maduro apelará
Por otro lado, la junta del BCV nombrada por Maduro planea recurrir el dictamen, confirmó el bufete de abogados Zaiwalla & Co.
En un comunicado, el despacho jurídico señala que, al decidir que es la Junta «ad hoc» designada por Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado «la realidad sobre el terreno» de que es el Gobierno de Maduro el que «controla» las instituciones del Estado en Venezuela.
Voceros de Zaiwalla & Co indicaron que, una vez se presente el recurso, el juez Nigel Teare de la división Comercial y de la Propiedad del Superior decidirá si lo admite o no trámite, lo que debería hacer en un plazo relativamente corto de tiempo porque «parece consciente de la urgencia del caso«.
