HRW insta a seis altos mandos venezolanos a responder por «abusos» de subordinados
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela que respondan por los «abusos generalizados» cometidos por sus subordinados y por «los juicios de civiles en la justicia militar» en el marco de la actual oleada de protestas. De la misma forma, su director indicó que pedirá a los cancilleres de la OEA que pidan a la Fiscal General de la República informe de lo que está ocurriendo en el país.
HRW señala, en un informe presentado el 15 de junio en Washington, a seis altos cargos venezolanos, dos de los cuales ya han sido objeto de sanciones de EEUU: el mayor general Benavides Torres, a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Los otros cuatro cargos en la lista de HRW son el ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda y la fiscal general militar, Siria Venero de Guerrero.
«Esperemos que nuestros señalamientos sirvan para sustentar acciones penales o investigaciones en materia de derechos humanos o sanciones que se puedan extender a estas autoridades más allá de las que ya se encuentran sancionadas por EEUU», dijo el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
En una rueda de prensa en Washington, el experto indicó que «esta lista va a crecer de una manera gradual pero probablemente con un número significativo».
Tras ser preguntado ante quién deben responder estos altos cargos que señala la organización, Vivanco señaló que «pretender que estas autoridades puedan ser castigadas» por instancias venezolanas «no es realista en estos momentos».
«No se puede aspirar (a eso) por el grado de concentración de poder, el Ejecutivo desde hace más de diez años tiene un control directo y de subordinación total sobre el poder judicial, en particular la Suprema Corte y sus distintas salas», explicó.
«Pero eso no significa que no se puedan exponer sus responsabilidades y denunciarlos ante la opinión pública global, y eso da lugar a investigación dentro de otras jurisdicciones, como la universal, por violaciones a derechos humanos», agregó.
Algunas de las medidas para que estos altos mandos venezolanos rindan cuentas, según Vivanco, pueden ser «sanciones administrativas como las que promueve el Departamento de Estado o el Congreso de EEUU, medidas como las de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) o relatores de Naciones Unidas».
Cancilleres de la OEA deben pedir informe a fiscal general
Human Rights Watch pedirá a los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que soliciten un informe a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, sobre «el deterioro institucional democrático» en el país.
«Deben pedirle al Ministerio Público un informe respecto a lo que está ocurriendo y las maniobras del Gobierno para deteriorar aún más los pocos vestigios que quedan de fachada democrática en Venezuela», dijo el director de HRW durante las declaraciones a los medios.
El experto señaló que «no hay mejor autoridad que la del Ministerio Público» si el objetivo es tener de primera mano una información precisa de lo que está pasando institucionalmente en el país, ya que este «es un poder del Estado».
La fiscal general se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, luego, al rechazar la intención del presidente Nicolás Maduro de cambiar el ordenamiento jurídico.
«El ideal en la OEA es que sea la CIDH la que informe a los cancilleres, y se puede dar también, pero para que pueda estar en las mejores condiciones tendría que poder ir a Venezuela», indicó Vivanco.
Sin embargo, el Gobierno venezolano cerró las puertas a la CIDH en 2013 a partir de un informe muy crítico sobre derechos humanos.
Los cancilleres de la OEA celebrarán la segunda sesión de su reunión sobre la crisis de Venezuela el próximo 19 de junio en Cancún (México) antes de la inauguración formal de la Asamblea General del organismo.
«Es una gran oportunidad y, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido conocer de las distintas cancillerías, deberían poder llegar a un consenso que exija el establecimiento de un canal humanitario para apoyar a los sectores más vulnerables en Venezuela, la inmediata liberación de presos políticos, un calendario electoral y una reconstitución de la Suprema Corte y el Poder Electoral», dijo.
Vivanco, que asistirá a la Asamblea de la OEA, ofreció una rueda de prensa hoy para pedir a los altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela que respondan por los «abusos generalizados» cometidos por sus subordinados y por «los juicios de civiles en la justicia militar» en el marco de la actual oleada de protestas.
