Guyana insta al Consejo se Seguridad de la ONU sancionar a Venezuela si no acata el fallo de la CIJ
El pasado viernes 1 de diciembre la CIJ instó a Venezuela a “abstenerse” de tomar cualquier acción que modifique la situación actual del territorio que administra Guyana
Este martes el fiscal general guyanés, Anil Nandlall, aseguró que el Gobierno de Guyana solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU imponer sanciones a Venezuela si Caracas no acata fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras el referendo celebrado el domingo sobre el Esequibo.
En tanto, Jorge Rodríguez, quien fungió como jefe del comando de campaña chavista del referendo sobre el Esequibo, precisó que Venezuela tomará acciones “en las próximas horas” en función del “mandato popular” dado en la consulta del domingo, cuando se aprobó, de forma no vinculante, la anexión de este territorio en disputa con Guyana al mapa venezolano.
Hay que recordar que el pasado viernes 1 de diciembre la CIJ instó a Venezuela a “abstenerse” de tomar cualquier acción que modifique la situación actual del territorio que administra Guyana, es decir, el territorio de 160 mil metros cuadrados que ambos países defienden como suyo.
“Exploraremos todas las vías disponibles y, obviamente, esa es una de las vías, si no la más importante”, manifestó Nandlall en una sesión de concienciación sobre el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela organizada por el Colegio de Abogados de Guyana.
De la misma manera Nandlall señaló que Estados Unidos y el Reino Unido que desempeñaron un papel histórico en el laudo del Tribunal Arbitral de 1899, tienen el “deber de garantizar que el proceso que diseñaron y en el que participaron se respete en lugar de ser espectadores oficiosos”.
“Existe un amplio abanico de medidas a disposición de la CIJ y, por extensión, del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer cumplir las decisiones de la CIJ”, dijo el fiscal.
Y es que tras los resultados obtenidos este domingo en el referendo consultivo, Venezuela asume los mismos como un mandato, partiendo de su propia Constitución, en la que se establece el carácter vinculante de los asuntos sometidos a consulta, en este caso, cinco preguntas con las que más del 90 % de los participantes respaldaron los argumentos y propuestas del Gobierno en la disputa.
Pero el mandato constitucional venezolano no afecta a Guyana, ni a ningún otro país más allá de las fronteras de la nación de origen. Guyana llevó la controversia ante la CIJ, que desde 2018 admitió el caso y emitirá, en una fecha todavía no establecida, una decisión vinculante para las dos naciones, según sus propios acuerdos con organismos internacionales.
Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899, que le adjudicó el territorio (entonces bajo el dominio del Reino Unido).
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
