Gobierno argentino señala a colaborador de Nisman
En medio de la polémica por las graves contradicciones sobre la muerte de Alberto Nisman, el Gobierno argentino subrayó hoy la importancia de alcanzar la «verdad» y volvió a apuntar contra el único imputado del caso, Diego Lagomarsino, propietario del arma que acabó con la vida del fiscal.
«El Gobierno no forma parte del proceso. La legítima intención del Gobierno es que se arribe a la verdad jurídica objetiva», dijo hoy el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández.
El alto funcionario habló así un día después de que conocieran las conclusiones de una investigación encargada por la familia de Nisman, que contradicen en aspectos fundamentales a la fiscal del caso, Viviana Fein.
Según Sandra Arroyo Salgado, jueza y exesposa de Nisman, el fiscal fue víctima de un homicidio, mientras la Fiscalía a cargo del caso sostiene que, con base en las pruebas reunidas hasta el momento, no puede descartar otras hipótesis, como el suicidio.
Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su apartamento el 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de ese acto terrorista.
Arroyo Salgado, querellante en la causa, pidió hoy a la Justicia que supervise la custodia asignada al círculo familiar, que incluye a las dos hijas que tuvo con el fiscal, después de presentar las conclusiones de la investigación privada encabezada por reconocidos expertos, entre ellos el decano de los forenses argentinos, Osvaldo Raffo.
Las conclusiones de su informe contienen diferencias fundamentales con la investigación oficial, como la hora de deceso -para la querella, en la noche del 17 de enero y para la investigación oficial el 18- y la ubicación del cuerpo, según Arroyo Salgado movido de su posición original tras recibir el balazo.
Además, los peritos de parte niegan el espasmo cadavérico que arrojó la autopsia y afirman que Nisman agonizó.
Pese a estas importantes diferencias, el jefe de Gabinete argentino destacó hoy las «coincidencias», entre ellas, que el arma que provocó la muerte le fue entregada por Diego Lagomarsino, un informático que colaboraba con Nisman en la Fiscalía y que hasta ahora es el único imputado en el caso.
Aníbal Fernández recordó que los peritos de la querella concluyen «que la muerte habría sido provocada 36 horas antes de la autopsia», esto es, sobre las «20 horas del día sábado», 17 de enero, con un margen de error de cuatro horas.
«Es la hora en la que estaba Lagomarsino en el departamento», comentó el alto funcionario, que opinó que «la defensa de Lagomarsino debe estar sumamente preocupada».
El abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, cuestionó la supuesta hora de la muerte y sostuvo que Nisman leyó los diarios por Internet en la mañana del 18 de enero.
«Eso surge de una búsqueda racional por parte del usuario. Hay ciertos parámetros que podrían determinar que es un tercero. Pero acá los movimientos fueron totalmente compatibles con el rol funcional del fiscal», dijo Rusconi en declaraciones radiales.
La fiscal del caso, Viviana Fein, que insiste en que ninguna alternativa puede ser descartada de momento, adelantó hoy que citará a los peritos de parte para que expongan los fundamentos de su trabajo y no descartó convocar a una junta médica con el objetivo de que se comparen ambas pericias.
Mientras, la denuncia de Nisman contra la presidenta por encubrimiento terrorista ha pasado a la órbita de la Cámara Federal argentina tras la apelación realizada por el fiscal Gerardo Pollicita al fallo del juez Daniel Rafecas, quien desestimó la presentación judicial.
Uno de los denunciados, el diputado kirchnerista Andrés Larroque, recusó hoy «por parcialidad manifiesta» al fiscal Germán Moldes, quien debe emitir un dictamen sobre el recurso de Pollicita antes de que la Cámara resuelva.
Según Larroque, Moldes «no garantiza el principio de objetividad» necesario para intervenir en la apelación.
«Nos han metido en una lógica que están intentando que no salgamos. Se apela para seguir poniendo al Gobierno bajo sospecha», dijo el jueves el ministro de Interior y Transporte argentino y precandidato presidencial Florencio Randazzo, a la televisión pública.
Entre tanto, la oposición insiste en reclamar una Justicia independiente y el fin de la impunidad.
«Gobierne quién gobierne, la Argentina necesita una Justicia independiente», sostuvo el líder del opositor Frente Renovador y candidato presidencial, Sergio Massa
